La dictadura y los comicios presidenciales 2018

En Venezuela deben celebrarse elecciones presidenciales este año, según lo prescribe la Constitución (por vencimiento del período) y lo demanda mayoritariamente el país que desea un cambio de gobierno por el evidente fracaso de la gestión chavista para manejar con éxito la crisis y sentar las bases para superarla. Ese fracaso le ha creado al régimen una crisis de representatividad enorme e irreversible.

El madurato está superado por la crisis, producto ella de la terquedad oficialista en aplicar un modelo que ha conducido al país a la conjunción nefasta de recesión, hiperinflación, escasez de productos básicos y la ausencia de medios de pago suficiente, entre otros problemas. Empobrecimiento generalizado de la población, hambre, muertes por mengua y demás calamidades son las terribles consecuencias. En fin, un retroceso colosal en la calidad de vida del venezolano común.

Un nuevo gobierno, salido de unas elecciones realizadas, que cumpla con todos los requisitos que al respecto establece la legalidad vigente, es la mejor opción para enrumbar a la nación por otros derroteros más afines con los intereses de la sociedad.

El problema es que no estamos bajo el imperio de la Constitución, sino gobernados por un gobierno de facto, por una dictadura. Y a las dictaduras no les gusta ni les convienen los comicios libres, justos y competitivos. Es por ello que los proscriben o los bastardean en tal medida que las elecciones resultantes no expresan la voluntad ciudadana, sino los intereses continuistas de los déspotas de turno.

Para no ir allende nuestras fronteras, en 1957 Pérez Jiménez se inventó un plebiscito para burlar su propia Constitución –que prescribía elecciones generales en 1958–; hoy el chavismo, vía constituyente ilegal, se inventa un adelanto de elecciones carentes de todas las garantías necesarias para que sean libres, justos y competitivos, con la finalidad de perpetuarse en el poder.

La maniobra del oficialismo comienza manipulando a conveniencia el calendario electoral, cuando esto escribo (martes 6 de febrero de 2018) todavía no hay decisión oficial sobre la fecha, el CNE parece jugar al gato y el ratón en este particular. Actitud contraria por definición a la de un auténtico árbitro. Continúa con la ilegalización e inhabilitación de actores políticos de la oposición, coartando el libre derecho al voto cuando utiliza el carnet de la patria y los CLAP para presionar, condicionar y manipular el voto de los electores, se cambia a discreción centros votación para favorecer al PSUV, se esconde el padrón electoral y no se permite la incorporación de nuevos votantes y de venezolanos residentes en el exterior, y se designa también a discreción los miembros de mesa. Las irregularidades mencionadas no agotan el inventario, pero son suficientes para ilustrar la magnitud del déficit democrático del proceso que se busca precipitar.

Es tan burda la maniobra y tan evidente la intención fraudulenta que la comunidad internacional democrática alerta sobre el particular y avisa que no reconocerá al gobierno surgido del proceso fraudulento.

La oposición democrática no debe prestarse al fraude en progreso y, por tanto, no debe participar de comicios algunos que no respete la legalidad vigente ni contenga las garantías de un proceso libre, justo y competitivo.

Concebimos la no participación como un acto de resistencia activa que movilice a la ciudadanía y a sus organizaciones para combatir el fraude y deslegitimar el proceso. Para Maduro las elecciones adelantadas y fraudulentas deben convertirse en lo que resultó el plebiscito de Pérez Jiménez en 1957: el principio del fin.

Las fuerzas democráticas deben aprovechar esta coyuntura para reconstruir la unidad en torno a un plan de lucha contra la dictadura, por unas elecciones libres y por la integración de un amplio frente de unidad nacional con visión estratégica no solo para salir del régimen, sino para que esa unidad nacional se transforme en un gobierno de unidad nacional para restituir el imperio de la Constitución y construir un país libre, próspero, seguro e inclusivo.