La comunidad internacional sigue ocupándose de la tragedia política, económica y social que padecemos los venezolanos. Desde diversos gobiernos del mundo civilizado y organismos multilaterales, incluido el Vaticano, se ha venido exigiendo a la dictadura «bolivariana» una restitución de la democracia.
El mundo ha percibido nítidamente la ruta autoritaria por la cual se deslizó «el socialismo del siglo XXI», y está valorando las consecuencias de la multitudinaria ola de ciudadanos que, por razones económicas, políticas y de seguridad han salido de Venezuela, lo que ha creado situaciones complejas en varias naciones, pero muy especialmente en la región latinoamericana.
La masiva violación de los derechos humanos, la confiscación del referéndum revocatorio, el cercenamiento del derecho a la manifestación pacífica y la brutal represión contra el pueblo que reclama el respeto de sus derechos, ha conmovido a una comunidad internacional que había sido captada por la idea de que el chavismo era una corriente política de raíz democrática, hasta el punto de condenar tanto al régimen como a sus principales agentes ante la constatación de su verdadera naturaleza.
Es esa comunidad la que está de nuevo llamando al gobierno y a la oposición a trabajar un acuerdo político, que ofrezca una ruta pacifica para la solución de la crisis. La lucha librada por nuestro pueblo en múltiples y multitudinarias manifestaciones, con todo y su cifra de muertes, represión y violencia, ha constituido la clarinada que ha permitido el despertar de una comunidad internacional, por lo general lenta y difícil de movilizar cuando se trata de trabajar a favor de las luchas de los pueblos que buscan su libertad y democracia.
Un significativo sector de la sociedad venezolana, con toda razón, rechaza la tesis de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Las experiencias existentes en esta materia han sido francamente deplorables. La dictadura ha usado el diálogo como un mecanismo para ganar tiempo y desmovilizar las luchas del pueblo. Han burlado de manera grotesca a los interlocutores incumpliendo los acuerdos y manipulando su contenido.
El inmoral comportamiento de la camarilla roja ha profundizado la indignación y la desconfianza de nuestro pueblo en el diálogo, como mecanismo para promover una solución pacífica de la crisis que vivimos. La ingenuidad de los actores políticos de la oposición, que han concurrido a la mesa, ha incrementado el malestar y ha generado una mayor desconfianza hasta el punto de presumirse una falta de lealtad a la lucha colectiva por la restitución democrática.
En ese clima surge nuevamente la idea de trabajar una solución política negociada de la crisis que padecemos.
Es lógico que de nuevo aparezcan las tesis de rechazo al diálogo y a la negociación. Quienes con diversos argumentos objetan toda forma de negociación, no ofrecen otra ruta posible y efectiva para lograr el anhelado cambio del régimen. Sostienen que la dictadura no sale con votos. Afirman que la calle es la salida. Sueñan que un militar «valiente» nos saque de la tragedia, o que los marines nos quiten de encima esta banda delictiva que se tomo el poder para sí.
Los venezolanos somos prisioneros de una camarilla que pretende eternizarse en el poder. Frente a la misma hemos dado una lucha profundamente desigual.
La sociedad democrática es un masivo movimiento ciudadano desarmado que no está en condiciones de enfrentar el aparato militar, policial y paramilitar de la dictadura. Pero si algún aventurero quisiese dar la lucha en ese terreno y logra articular algún movimiento para hacerlo, puede conducir a nuestro pueblo a una guerra fratricida, generando unos daños aun mayores a los producidos por la barbarie en el poder.
Por eso, he sostenido que solo con la ayuda de la comunidad internacional vamos a poder rescatar la democracia y liberarnos de la camarilla política y militar destructora de la nación.
En esta ocasión la oposición venezolana ha sido más clara y precisa con respecto a las condiciones fundamentales, a pesar de que sigue teniendo problemas a la hora de hablarle al país de los pasos que se han dado en esa dirección.
Ante la convocatoria del presidente de República Dominicana, con el respaldo de Naciones Unidas, nuestros voceros han aclarado que no pueden concurrir a un diálogo si previamente no se cumple un conjunto de requisitos. De modo que las conversaciones adelantadas hasta ahora con el Ejecutivo dominicano y con los representantes del gobierno son una exploración que podemos llamar prediálogo, y que deben precisar la agenda, los compromisos previos y las garantías de cumplimiento por parte del gobierno.
Estamos frente a una oposición un poco más cuidadosa, que no puede negarse a explorar la posibilidad de un diálogo y una negociación, pero que debe estar muy alerta ante la forma como la dictadura manipula estos hechos, máxime en estos días en los que nos preparamos para concurrir a unas elecciones regionales. El gobierno usa la iniciativa de la ONU como un elemento para promover la abstención y así avanzar en su estrategia electoral. Nosotros estamos en el derecho de exigir trasparencia en el proceso, firmeza de
nuestros representantes en los puntos fundamentales.
No otra cosa puede hacerse con unos personajes tan insolventes en lo político y moral, como los voceros de la camarilla roja. Naciones Unidas y los gobiernos democráticos del mundo que avalan la lucha contra la dictadura, deben tener un nuevo testimonio de la firme voluntad de la oposición venezolana de resolver esta crisis por la vía electoral. Es decir, para nosotros la solución es política. La inmensa mayoría de los venezolanos desea una solución pacifica y el cambio democrático del gobierno.
La dictadura concurre a estas conversaciones por la fuerte presión generada en la esfera externa. Están descubiertos y tendrán más temprano que tarde someterse al veredicto electoral del pueblo venezolano.