Para el cambio de una sociedad rentista a una industrial en el tiempo y el espacio, es necesario considerar que los fenómenos del crecimiento asumen progresivamente el ritmo y la fisonomía de la evolución de la tecnología, de la innovación y competitividad del sistema productivo, y que la velocidad de las comunicaciones empuja hasta límites de implosión que pueden inducir los gobernantes a tomar medidas excepcionales en nombre de la razón de Estado: son condiciones que establecen una interrelación entre los ciudadanos y el Estado que modifica la estática conformista precedente para pregonar la evolución del nuevo desarrollo y crecimiento del país.
Las distorsiones del mercado derivadas de la política monetaria aplicada y de la especulación hicieron olvidar a los gobernantes venezolanos el bien común: sin sentido de responsabilidad, no se han detenido a ponderar debidamente las correlaciones que se establecen en la administración pública entre la justicia, la ética, la economía y la política, sino en tutelar los intereses de los grupos del poder constituido, desatendiendo el Estado de Derecho y las necesidades de la población.
En los límites de nuestro conocimiento, es correcta interpretación entender el concepto de “razón de Estado” como motivo causal y como causa final, es decir, el por qué y el para qué de las decisiones que se toman. Pero no siempre se explicitan en función de la racionalidad del crecimiento social y económico, sino que limitan la misma diferenciación política: por ejemplo, se niega la afirmación de la libertad del pensamiento porque es propiamente una creación razonada y razonable del espíritu humano, y no se respetan los principios lógicos de la razón tanto en lo jurídico como en lo moral, también si en algunas circunstancias el bien colectivo presenta un estatus de necesidad para el cual podría tener cabida una aplicación que supere las leyes o normas vigentes en cuanto las acciones consecuentes sean motivos y razones de Estado.
Cuando se inventan argumentos sofistas en el intento de motivar válidamente actos de iniquidad para justificar fines personales o partidistas se vulnera profundamente la naturaleza propia del Estado, el Estado de Derecho, los derechos humanos, los principios fundamentales de las libertades definidas en cualquier constitución democrática. En lo político, las acciones dirigidas a la constante afirmación de la continuidad del ejercicio del poder anulan la división y el mutuo control de las instituciones constitutivas del Estado de Derecho: en particular, se nombra una asamblea constituyente sin definir la fecha de vencimiento de sus funciones, con la pretensión de inhibir la Asamblea Nacional para apropiarse de sus prerrogativas institucionales.
Sustantivamente; se produce un vacío del Poder Legislativo en la misma configuración del Estado soberano, asumiendo que la traslación producida tenga la capacidad de recuperar la credibilidad perdida, por ejemplo, con los acreedores internacionales: se queda solo la presunción de que una ficción jurídica pueda transformar la realidad económica, como aparentemente logra hacerlo con las postulaciones políticas de una oposición (MUD) que continua siendo cómplice vinculada por una servidumbre voluntaria.
En el vigente derecho internacional el elemento subjetivo y principal del Estado queda constituido por el conjunto de la población que ocupa el territorio, de los ciudadanos que configuran la noción del ser del hombre y su humanismo para perseguir el “bien común” a través del trabajo, en el respeto y aplicación de las normas vigentes para perseguir las finalidades definidas para el desarrollo y que configuran en el proyecto de país la identidad y soberanía que lo distingue.
En esta visión, los derechos humanos trascienden el Estado que, en cuanto ente político, no tiene una representatividad metafísica, es decir, una vida propia, ni el alma ni la libertad propia del ser del hombre, de modo que su valor y perfección deriva solo y exclusivamente de identificarse con los ciudadanos que constituyen la nación a través de la homogenización que otorga el derecho, el reconocimiento mutuo de la diversidad, la organización de la sociedad y el nivel de civilización conseguido en el curso de la historia.
La transformación creciente del mercado internacional y la continua evolución de las tecnologías evidencian la insuficiencia del Estado tradicional para enfrentar los retos impuestos por la globalización, máxime cuando la confrontación política, económica y social surge para marginar un proyecto político castro-comunista que para permanecer en el poder persigue el intento de construir una sociedad cerrada y empuja un antihistórico aislamiento económico y social también a través de la eliminación de la información mediante distorsiones perpetradas adrede para el control de los ciudadanos.
De modo que para transformar una sociedad rentista en una productiva nace entre otros aspectos la necesidad de “cómo preparar el Estado para las transformaciones globales en la capacidad de gobernar”. Esta observación de Yehezkel Drol (1996) no es solo una cualificación del ejercicio interno del poder, sino también una adecuación a las instancias evolutivas de las relaciones internacionales, ya que “por primera vez en la historia, la acción humana tiene (el conocimiento y) la capacidad de ejercer influencia sobre fenómenos globales, críticos para la supervivencia, a través de estructuras supraestatales que lleguen a la gobernabilidad regional y mundial en la búsqueda de un bien común mundial”.
La cercanía aparente de las culturas presenta todavía elementos sumamente distintos que permiten lograr entendimientos sobre la significación de la guerra, la pobreza, la economía, la visión de la vida, la funcionalidad del Estado y su gobernanza, e inducen los gobiernos a la práctica de una mutua vigilancia para el respeto de los derechos humanos, para la lucha a la promoción y/o complicidad con el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, siempre en la salvaguarda de la propia identidad, soberanía, área de influencia y autonomía dirigida a la protección de la población.
En las políticas derivadas por las confrontaciones ideológicas, hasta ahora ningún intento de “tercera vía” ha tenido éxito, ni se ha encontrado un punto intermedio entre el liberalismo absoluto, marcado por Estados Unidos, y el socialismo científico, llevado adelante por el régimen soviético y/o chino. Pero la dialéctica desarrollada por la existencia de un pluralismo cultural por lo menos ha conseguido un acercamiento de los extremismos ideológicos que fuese funcional con una interacción entre los Estados debido al reconocimiento de la economía de mercado realizado por Rusia, China y parcialmente por Cuba, cuyo comportamiento impone serias reservas debido a los incumplimientos de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos, políticos y civiles y que han determinado ulteriores sanciones.
No obstante, debemos reconocer que en la rivera atlántica de Suramérica el gobierno de Venezuela, en el afán de llevar adelante un proyecto político social comunista derivado de la estrategia formulada por la izquierda internacional en el Foro de Sao Paulo de 1990, parece insensible a las mencionadas instancias de renovación y progreso, y promueve en estos días otro presunto diálogo con las fuerzas políticas que se identifican como oposición, al mismo tiempo en que lo reduce a un juego al cual se prestan los actores internos e internacionales involucrados en intereses subalternos y no para encontrar un camino que concretamente lleve el país en paz, fuera de la crisis a la cual ha sido inducido en lo económico, lo político y lo social por el proyecto social comunista y por la exorbitante corrupción que pervive en sectores y componentes importantes del gobierno y de la oposición.
En particular, se ha continuado a producir en el interior del país un juego de las partes poniendo en el mismo nivel ético y político el derecho del voto democrático y constitucional de los ciudadanos con la impunidad y libertad de los corruptos que han saqueado el país. Es un comportamiento que a escala de las relaciones internacionales permite constituir un parámetro para relevar y distinguir la responsabilidad subjetiva de aquellas que inducen a operar políticamente para traer beneficios económicos y, al mismo tiempo, inducen a confluir en las definiciones de complicidades estratégicas para adherir o, cuanto menos, apoyar un proceso político que niega las libertades fundamentales pregonadas por la OEA.
En nuestra evaluación geopolítica se constata que en el ámbito internacional, el proyecto social comunista bolivariano ha promovido el desmoronamiento de las ideologías con la pérdida de los principios y valores definidos en la mismas constituciones de los Estados asociados en el proyecto social comunista, mientras que a escala interno, a la falta de visión programática para el desarrollo se ha aunado la responsabilidad subjetiva que invoca como pretexto subalterno la libertad y los derechos humanos, pero que en la realidad no ofrece ni por el gobierno ni por la oposición –con las excepciones de las proposiciones conocidas– perspectivas para tipificar el desarrollo del cambio de una sociedad rentista a una productiva, para salir de una sociedad dependiente del poder constituido para vincular su devenir a un sistema democrático eficiente.
De la mencionada discrasia ideológica se desprende que todavía mucho camino debe ser recorrido antes de que la aceptación de valores comunes que identifiquen el desarrollo con la visión del Estado constituya el denominador de las diferentes tipologías de comportamiento en los procesos políticos, económicos y sociales en las cuales se distinguen tanto las relaciones internas de las estructuras políticas, económicas y sociales, como las relaciones intercurrentes consecuentemente con las otras naciones.