La gravísima crisis que ha creado este régimen irresponsable y corrupto nos ha llevado por primera vez en nuestra historia a plantear la necesidad de una ayuda humanitaria, tal como se hizo en el pasado en países destrozados por regímenes totalitarios que habían masacrado y empobrecido a sus pueblos. Sin duda, un logro revolucionario o del llamado socialismo del siglo XXI, cuyos principales exponentes en la región enfrentan hoy juicios por actos de corrupción.
Los regímenes totalitarios, como el chavista en Venezuela, confunden perversamente la “ayuda humanitaria” con la “intervención” que podría incluir la acción militar. La ayuda humanitaria se plantea cuando el Estado no es capaz de resolver los problemas internos, cuando su gente sufre hambre, enfermedades, miseria, o cuando, simplemente, como es el caso venezolano, no tiene la intención de enfrentar la realidad y resolver los problemas de los ciudadanos. Estamos entonces en presencia de un Estado fallido, más grave aún en nuestro caso, un Estado representado por un régimen ilegítimo, separado del Estado de Derecho o de las normas y prácticas democráticas que el mundo se ha impuesto hoy como fundamentales para la convivencia.
En derecho internacional, y eso es producto de los cambios en el mundo y la necesidad de nuevas regulaciones, si el Estado no puede o no quiere enfrentar una crisis humanitaria debe solicitarla y aceptarla, lo que en nada afecta la soberanía y menos la integridad territorial, esas que estos regímenes criminales dicen representar y defender. El deber de solicitarla y de aceptarla surge ante el derecho de los pueblos de ejercer sus derechos individuales y colectivos.
A la incapacidad del Estado, a la condición fallida del régimen, se une su empeño en violar las normas internacionales fundamentales, lo que coloca a Venezuela dentro del grupo de Estados forajidos. Esta calificación dibuja la naturaleza de los regímenes que como el de Maduro se burla del orden jurídico internacional.
En el mundo se sabe lo que pasa en el país. Violación de los derechos económicos y sociales, que se traduce en hambre y miseria. Igual violación de los derechos civiles y políticos, el irrespeto a la vida, la persecución por razones políticas, las detenciones arbitrarias, la práctica sistemática y generalizada de la tortura. Todos en el mundo saben también que el régimen elabora y ejecuta políticas para favorecer y promover el empobrecimiento y la miseria como mecanismo de dominación. Ante ello, la comunidad internacional tiene como nunca antes no solo el derecho de “injerencia debida”, sino la obligación de actuar para que se supere la crisis, se enfrente la hambruna provocada y se restaure el orden democrático en el país, el único espacio en el que los ciudadanos pueden disfrutar plenamente de sus derechos individuales y colectivos.
De allí que muchos venezolanos hayamos presentado ante la comunidad internacional, con la mayor responsabilidad, como lo hice hace dos años en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la gravedad de la crisis que nos destruye, a la vez que hemos solicitado a la comunidad internacional que se canalice la ayuda humanitaria necesaria para solventar la catástrofe, lo que no debe interpretarse, como lo muestra el régimen venezolano y sus máximos representantes, como una “solicitud de intervención extranjera”.
Se ha pedido insistentemente la apertura de un canal humanitario para asistir a los millones de venezolanos afectados por la crisis humanitaria, pero el régimen, desconociendo sus obligaciones, se niega a aceptar la realidad y, más aún, a que se implementen políticas y acciones concretas que permitan mejorar la situación, como lo han ofrecido gobiernos extranjeros y organismos internacionales que se caracterizan por su independencia.
El llamado que hacemos a la comunidad internacional no es, como pretende el grupo en el poder, un acto de traición a la patria. Todo lo contrario. Se trata de gestiones que buscan salvar a los venezolanos de la hambruna, de la miseria y de los atropellos de un régimen dictatorial que se afinca cada vez más, aprovechando quizás las debilidades de una dirigencia política opositora que no encuentra el rumbo que la sociedad civil le señala para salir de esta situación que ha puesto en peligro la existencia misma del Estado, cada vez más dependiente de una “potencia” extranjera que pisotea nuestra dignidad.