Maduro “decretó” una reestructuración y un refinanciamiento de la deuda. “Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para lograr el equilibrio. Vamos a romper los esquemas internacionales”, agregó.
Ciertamente, tal anuncio rompe los esquemas internacionales. Las reestructuraciones y refinanciamientos no se decretan, se negocian.
Por “reestructuración” se entiende un consenso entre las partes para modificar las condiciones de la deuda, ya sea alargando los plazos, estableciendo períodos de gracia e incluso una rebaja o “quita” de una parte de la deuda.
Es el resultado de una negociación compleja, porque por lo general involucra a varios acreedores que no siempre están de acuerdo y resulta prácticamente imposible negociar términos separados con cada uno de ellos. Se requiere consenso, por una parte, entre los acreedores mismos y, por otra parte, entre ellos y el gobierno deudor.
No resulta fácil que todos los acreedores se pongan de acuerdo. Ejemplo de ello lo vimos en el caso de la reestructuración de la deuda argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner. Después de arduas negociaciones, un bloque de acreedores aceptó una reestructuración de la deuda de ese país, otorgando incluso una “quita” o rebaja sustancial. Sin embargo, no todos aceptaron y muchos de ellos insistieron en cobrar sus acreencias conforme a las condiciones originales.
A quienes así actuaron Cristina Kirchner los tildó de “fondos buitres”. Pero, independientemente de tal calificativo, tenían derechos reconocidos por la legislación internacional. Incluso procedieron al embargo de la fragata Libertad, buque escuela de la Armada argentina en el puerto de Tema, al este de Acra, ordenado por un tribunal de Ghana a solicitud de uno de aquellos acreedores con sede en las Islas Caimán.
Vemos, pues, los inmensos riesgos que para un país petrolero como Venezuela implica la pretensión de “decretar” una reestructuración. Nuestro país cuenta con importantes activos petroleros en el exterior, incluyendo refinerías y tanqueros que navegan en varios océanos y que atracan en muchos puertos, los cuales podrían estar sujetos a acciones de embargo si no cumplimos con nuestras obligaciones. Todo ello vendría a sumarse a las resultas de numerosos arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos del gobierno venezolano. Se trata de una suerte de colapso general de la credibilidad del país, sumado al de su economía.
Ahora bien, hasta el momento nos venimos refiriendo al caso de una “reestructuración” de la deuda. Distinto es si se trata de un “refinanciamiento” de la misma, que implica la emisión de nueva deuda para cambiarla por la vieja. Típicamente es el “swap” (intercambio) de bonos viejos por bonos nuevos.
En ambos casos, ya sea reestructuración o refinanciamiento, conforme al artículo 100 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, no se requeriría autorización de la Asamblea Nacional, siempre y cuando la República se beneficie, ya sea por reducción del capital (“quita”) o de intereses. En otras palabras, que la negociación redunde en “beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando”. Sin embargo, tal excepción está condicionada a que el monto renegociado no exceda el límite máximo del endeudamiento originalmente aprobado. De lo contrario, tendría que ser aprobado por la AN.
En los mercados financieros se ha interpretado que lo que Maduro ha decretado es un default. Esa es la conclusión a la que se llega al constatar el aumento en el costo de los CDS (Credit Default Swaps), suerte de seguro para cubrir el riesgo de incumplimiento en el pago. El costo de los CDS para la deuda venezolana se corresponde al de 75% de posibilidad de default en los próximos 12 meses y 99% en 5 años. Por lo demás, el “decreto” de Maduro provocó un caída de entre 25% y 40% en bonos de Pdvsa y de la República.
Según The Economist, el temido default de la deuda soberana venezolana sería el segundo mayor de la historia después del caso de Grecia.