Ya no hay nada más que demostrar. A lo interno, aunque más a lo externo, quedó evidenciada la condición antidemocrática y tracalera del régimen. La elección de gobernadores del pasado 15 de octubre le quitó, de una vez por todas, el ahuecado velo que trataba de esconder su real apariencia.
El régimen hizo lo de siempre, lo mismo que viene realizando desde su época dorada, cuando Hugo Chávez Frías era el rey: dividió a la oposición en dos grupos radicales (participantes y abstencionistas), debilitando así su fuerza sufragante; apoyó a sus candidatos en forma desmedida, poniendo a su disposición de forma ilegítima los recursos del Estado; adoptó, a través de un Consejo Nacional Electoral descaradamente parcializado, múltiples medidas tremendamente perjudiciales a la oposición; inhabilitó ilegalmente a destacados líderes opositores, los cuales tuvieron que ser sustituidos por figuras de menor arrastre; abusó del tiempo de propaganda de sus candidatos a través de las consabidas cadenas de radio y televisión, y la utilización excesiva de emisoras de radio y televisión propiedad del Estado; e impidió la presencia de observadores electorales nacionales e internacionales confiables.
Luego, con posterioridad al evento, se ampliaron las arbitrariedades por la vía de restringir las competencias de los gobernadores opositores y ampliar las correspondientes a los gobernadores de la revolución. En esta oportunidad Nicolás Maduro no sintió ninguna vergüenza al señalar por cadena de radio y televisión que los candidatos oficialistas que perdieron sus gobernaciones, “serán nombrados protectores para no dejar al pueblo en la deriva”; mientras que en el estado Miranda se procederá a reasignarle al nuevo gobernador (Héctor Rodríguez) las competencias que le fueron sustraídas a Henrique Capriles Radonski.
Mas esta vez todo es diferente: ya la comunidad democrática mundial conoce las violaciones constantes que el alto gobierno y otros poderes del Estado llevan a cabo en relación con los más elementales principios legales que son consustanciales al Estado de Derecho, así como las satrapías que vienen ejecutando encumbradas figuras del proceso revolucionario. De manera que, en nuestro caso, la legitimación de la dictadura por parte de la comunidad internacional es cosa del pasado.
El fraude cometido por el gobierno –así como los órganos y poderes que se le han subordinado– es entendido ahora como lo que siempre ha sido: un acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros, o una acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete.
Sin embargo, lo que nos sorprende en esta ocasión es constatar que los líderes de la oposición solo se prepararon para ganar la mayoría de las gobernaciones pero no para perderlas como resultado de los múltiples ardides (léase, acciones fraudulentas) que se ejecutaron desde el gobierno y a través de las autoridades electorales.
A mis lectores les consta mi postura a favor de la vía electoral. En los tres artículos que escribí antes de las elecciones del pasado 15 de octubre, expuse las razones que justificaban una salida democrática por la vía del voto. Mas, a pesar de mi convicción sobre el asunto, pude apreciar las luces rojas del peligro que corríamos en virtud de las decisiones que adoptó el CNE casi a la víspera del acto comicial, así como la pretensión clara y manifiesta de los rojos en el sentido de que los nuevos gobernadores tendrían que juramentarse ante la asamblea nacional constituyente. Por eso, casi a las 12:00 pm del sábado 14 de octubre, puse a circular dos tuit en los que decía: “Algo huele mal en el CNE” y “Hay que prepararse porque después del 15-O es que viene la batalla verdadera”. Entonces, ¿cómo es eso que nuestros máximos líderes políticos se quedaron como “pajarito en rama”, sin saber qué decir o qué hacer en las primeras de cambio?
No voy a condenar a nadie, pero es obvio que esa primera reacción nos dejó confundidos a todos y es una lección que no se debe olvidar en el futuro. De este régimen y sus poderes serviles hay que esperar todo tipo de marramucias (vagabunderías, bribonadas, sinvergüenzuras, pillerías, cochinadas, ardides, trampas, trastadas, tramposerías, triquiñuelas, trácalas, trapisondas, marrullerías, picardías, enredos, embrollos, mañoserías, malas artes, malas mañas, bellaquerías, artimañas, etc.), razón por la cual hay que estar siempre preparados para salirles al paso de modo contundente.
La última disonancia se produjo el pasado lunes 23, cuando 4 de los gobernadores demócratas electos se juramentaron ante la ilegítima ANC. Eso dejó petrificado a casi todo el sector opositor. Mas me incomoda que los que se abstuvieron de votar este 15 de octubre se consideren absueltos de todo pecado y lancen piedras contra los funcionarios juramentados. En tal sentido es pertinente recordarles que en la elección parlamentaria del 6 de diciembre de 2015 la participación electoral fue de 74,17%. En esa oportunidad la MUD obtuvo 7.726.066 votos (56,22% de los sufragios), mientras que el régimen consiguió 5.622.844 votos (40,91% de los sufragios). O sea, los demócratas obtuvimos 2.103.222 sufragios más que el Gran Polo Patriótico. Según Nicolás Maduro, el 15-O la participación se redujo a 61,14%, ganando el chavismo con 54% de los votos y obteniendo la oposición el 45% de los sufragios. De modo y manera que los abstencionistas de la oposición tienen una gran cuota de responsabilidad en lo que hoy experimentamos en Venezuela, al no participar en unas elecciones fundamentales que tenían en la práctica un carácter plebiscitario.
Empero no se trata de culpabilizar ni dividir al sector democrático, pues solo unidos saldremos de esta dictadura. Aunque en lo personal hubiera preferido que ninguno de nuestros gobernadores se juramentara ante la ANC, responsablemente puedo señalar, ya en mi condición de abogado, que esa acción no le da legitimidad alguna al nombrado adefesio que, al igual que al árbol torcido, no hay nada que lo enderece. En otras palabras, la juramentación que se llevó a cabo no tiene ningún valor legal. Puede ser cuestionada en el plano de la ética, pero no en el terreno estrictamente jurídico. Así, nos guste o no, son las cosas en el campo del derecho.
Lo que el mundo opositor democrático tiene que sensibilizar e incorporar a su ADN es simple: unidos triunfamos, como ocurrió en diciembre de 2015; divididos perdemos, como acaba de suceder este 15 de octubre. Si insistimos en lo segundo, se habrá acabado todo. Según el evangelio de Juan estas fueron las últimas palabras de Jesucristo en la cruz: Consummatum est.