Colectivización de la miseria

A raíz de la caída de de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, quien la ejerció, vale decir no mediante carteras ministeriales “repleta con militares”, como es notorio en el presente régimen, pero sí con un componente civil, cuales tenidos como cultores del positivismo, fueron más que emblemático en el asalto al Tesoro público, concibiendo dentro de su “experimentada” adulancia para el enriquecimiento ilícito, al depuesto dictador como el gendarme necesario, hubo de consagrarse para bien del país el restablecimiento del Estado de Derecho. Se garantizó el respeto de las libertades públicas: se concibió al sufragio como la expresión de la voluntad del pueblo. El sistema constitucional consagró el régimen presidencial, la incompatibilidad de los Poderes Públicos, pero concediéndosele al para entonces Congreso Bicameral, congregación de senadores y diputados vigente, el solicitarle al presidente de la República la destitución del ministro u otro funcionario que haya sido objeto del voto de censura. Se consagra la responsabilidad hoy vigente de los actos del ejerciente del órgano ejecutivo; también sin variante de texto la obligación del presidente de la República de procurar la garantía de los derechos y libertados de los venezolanos, como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República. Conquistas vigentes, todas las cuales, sin importarle la obligación de cumplirlas, Maduro se la pasa por “el forro”.

La no obediencia a los principios rectores del instrumento constitucional vigente, se ha caracterizado por una violación flagrantes de los que habiéndola jurado, la incumplen con el consentimiento de otros órganos del Poder Público Nacional, que con espontánea subordinación obedecen en forma más que  subordinadas las instrucciones impartidas por Nicolás Mauro, a la vez que usurpan las funciones de la Asamblea Nacional, que fue elegida por el pueblo de Venezuela, depositario del poder constituyente  mediante el ejerció del sufragio.

El autoritario régimen que ha venido gobernándonos de manera fascista ha convertido a los venezolanos en un pueblo tarado, no protegido por el Estado, entrado en un continuismo a perpetuidad, se hace indiferente al principio constitucional que pauta como mandato que el Estado tiene que proteger a la familia.

Venezuela constitucionalmente Estado democrático y social de derecho dejó de ser la nación insigne de la región. Dejó de ser lo que fue en el pasado siglo, un Estado no homologable al que todo occidente hubo de concederle credibilidad institucional, dado el funcionamiento del Estado de Derecho, su desarrollo, agrícola e industrial, de innumerable servicios públicos de educación gratuita portadores de sus cédulas de identidad, sin ningún otro artificio que pudiere ser usado en forma discriminatoria para imposición político, en el que se irrespeta la autonomía de la Asamblea Nacional, con pretensión de ser sustituida por una ANC, espuria, integrada por amigos y empleados sumisos.