El presidente Maduro anunció un nuevo aumento del salario mínimo integral de 58%, y pasó de 288.510 bolívares a 392.646 bolívares, que solo llega al sector formal.
Ese salario luce irrisorio cuando, por otra parte, el Cendas declara que la canasta alimentaria familiar de enero de 2018 se ubicó en 24.402.767,10 bolívares. Se requerirían 98,2 salarios mínimos para poder adquirir la canasta para que una familia de 5 miembros pudiera satisfacer sus necesidades de calorías.
Pero nada se gana con aumentar el salario cuando el beneficio que aporta tal aumento es menor que el perjuicio inflacionario que acarrea a toda la sociedad.
A nadie le importa cuántos bolívares gana. Lo que importa es cuántas cosas se pueden comprar con los bolívares que se gana. Es decir, lo que importa es el salario real.
Habría que enfrentar con urgencia el problema al menos por dos vías de choque: la primera es atacar de frente las causas de la inflación, y la segunda, concentrar los mayores esfuerzos para estimular aumentos en la producción.
Veamos el primer ángulo, la inflación. La causa fundamental de que Venezuela se esté hundiendo en la vorágine, no ya de la inflación sino de la hiperinflación, es el déficit fiscal. Con una brutal caída de la producción petrolera y en manos del populismo y de un monstruo de mil cabezas en que ha devenido un aparato burocrático corrupto, ineficiente y politizado, el gasto público venezolano crece desenfrenadamente. Quizá el caso más dramático es el de Pdvsa, que enfrenta un inmanejable déficit en su flujo de caja y que, incapaz de generar más ingresos, sobrevive solo gracias a los auxilios financieros del Banco Central de Venezuela.
Los auxilios financieros que recibe esa empresa se incorporan al sistema monetario. Esa liquidez (no se confunda con efectivo) demanda bienes en el mercado, pero, debido a la perniciosa escasez imperante, el único efecto que produce es un aumento en el precio de los productos. Al final del día esos excedentes monetarios se desvían hacia lo único que se puede comprar: dólares en el mercado paralelo. Ello da lugar a una insostenible devaluación del bolívar en ese mercado, lo cual a su vez termina por retroalimentar la inflación.
Este año Venezuela padecerá una hiperinflación nunca antes conocida en el hemisferio occidental. Si la inflación promedio mensual fuese de 70%, la hiperinflación del año alcanzaría a 58.000%.
Un problema de esa magnitud no se resuelve con decretos de aumentos de salarios. A la hiperinflación hay que liquidarla de cuajo, regresando a la racionalidad fiscal y acatando la Constitución, cuyo artículo 220 le prohíbe expresamente al Banco Central financiar el gasto público.
El otro ángulo vital tiene que ver con los aumentos de producción y de productividad. Es indispensable pasar de una economía de controles a una economía de estímulos. Hay que abrir la economía. Hay que olvidarse del control de cambios. Es vital estimular las inversiones y para ello no hay otra vía que devolverle la confianza a los inversionistas, la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada y el respeto a la Constitución y a las instituciones, pasando por el equilibrio de los poderes públicos.
La hiperinflación está provocando una mortandad sin precedentes de empresas y generando un desempleo desmedido. De cumplirse el cálculo del FMI de una caída del PIB de 15% en 2018, nuestra economía se habrá contraído más de 50% en apenas 3 años. El empobrecimiento no tiene paralelo. Según la encuesta Encovi (UCAB, UCV y USB), 87% de las familias vive por debajo de la línea de la pobreza, y 61%, en pobreza extrema.
La hiperinflación, la pobreza, el desempleo y la escasez pueden conducir a un desgarre del tejido social.
¿Podrá Venezuela superar tan dramática situación? La respuesta es sí. Ahora bien, la velocidad con la cual el país pueda sobreponerse guarda relación directa con el cumplimiento de las metas antes señaladas y con la magnitud de las inversiones que seamos capaces de atraer.
Es evidente que para ello se requiere un cambio de modelo económico, lo cual, evidentemente, solo puede lograrse a través de un cambio del modelo político.