Los regímenes de Cuba, con los Castro; Venezuela, con Chávez y Maduro; Bolivia, con Evo Morales; Nicaragua, con Daniel Ortega, y Ecuador, con Rafael Correa, se han proclamado “antimperialistas” contra Estados Unidos, y con ese fundamento han recreado y desarrollado diferentes formas de causar daño, debilitar, desprestigiar y pretender derrotar a su enemigo, el imperialismo norteamericano. Han derrocado gobiernos, controlan organismos e instituciones, soportan guerrillas y terroristas, ejercen control de prensa, han instituido nuevas dictaduras, implementado regímenes de delincuencia organizada y usan el antiimperialismo como coartada para construir narcoestados.

El antimperialismo es una expresión política de fines del siglo XIX utilizada por el inglés Jeremy Bentham, y su impulso en América se atribuye a Mark Twain, cuando en 1898 fundó la Liga Antimperialista de Estados Unidos para oponerse a la acción estadounidense en la guerra de independencia en Cuba. Twain consideraba a José Martí como “el primer formulador del pensamiento antimperialista de América Latina” que “relacionaba desde su mismo origen el pensamiento antimperialista con el sentimiento antinorteamericano”. Según Twain, Martí sostuvo que “los pueblos de América Latina son más libres y prósperos a medida que se apartan más de Estados Unidos”.

El antimperialismo sirvió a los movimientos de guerrilla castrista en la región. En la década de los setenta, el antimperialismo formuló un programa político económico conocido como “programa de liberación nacional” fundado en la “independencia, soberanía y autodeterminación, oposición al imperialismo, antiamericanismo, industrialismo, promoción del mercado interno, rechazo a las empresas multinacionales, nacionalizaciones, empresas estatales, tercermundismo, unidad latinoamericana…”. En el siglo XXI, Castro, Chávez, Correa, Morales y Ortega difundieron ampliamente la vigencia del antimperialismo considerando que “la globalización en sí misma es un fenómeno imperialista” y aplicando programas estatistas, nacionalizadores y tercermundistas plagados de corrupción que han llevado a sus pueblos a crisis y retrocesos de consecuencias aún imprevisibles.

La invocación del antimperialismo ha servido a los gobernantes del sistema “castrochavista” para acabar con las democracias en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador… expandiendo el modelo castrista de Cuba con el control absoluto del poder, la desaparición del Estado de Derecho, el uso de la justicia para la persecución política, encarcelamiento y exilio de opositores, el control de prensa, la manipulación electoral con la institucionalización del fraude y el ventajismo oficialista, la violación sistemática de los derechos humanos, la creación de “leyes infames” que garantizan su impunidad, la permanencia indefinida en el ejercicio del poder…

El antimperialismo también se ha usado para convertir Venezuela (el país con las reservas petroleras más grandes del mundo) en un país con crisis humanitaria, hambre y miseria. Los regímenes antimperialistas de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, unos más pronto que otros, llevan a sus pueblos al abismo de deudas multimillonarias de montos secretos, al entreguismo de recursos naturales a chinos, rusos, iraníes, al retroceso tecnológico, al despilfarro del boom de los precios de las materias primas, al desarrollismo que trae más pobreza, a la corrupción sin límites –como el caso Odebrecht–, a la creación de nuevos ricos en las familias y los entornos de Castro, Chávez, Maduro, Morales, Correa y Ortega.

Antimperialismo es la “justificación ideológica” para instalar narcoestados y sostenerlos. Los regímenes del castrochavismo han puesto énfasis en el aliento y el crecimiento del narcotráfico con destino a Estados Unidos como parte del componente de “antiamericanismo” del antimperialismo, hasta el punto de lograr que hoy Venezuela, con Nicolás Maduro, y Bolivia, con Evo Morales, sean señaladas como narcoestados, o sea, como países “cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas por el narcotráfico y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes de tráfico, amparados por sus potestades legales”.

El concepto de “narcoestado” se cumple en el caso venezolano por el proceso judicial a los sobrinos de Maduro que ya admitieron que traficaban con drogas de las FARC, o el caso del “pollo Carvajal” liberado de manos de la DEA en un operativo oficial de Estado (narco) de Venezuela, o el caso de Tareck El Aissami, designado vicepresidente por el mismo Maduro… y más. Se indica a Bolivia como “narcoestado” pues el jefe de Estado y de gobierno, Evo Morales, es también el jefe de los sindicatos cocaleros, que en su gestión han incrementado sus cultivos de coca ilegal (y, con ellos, de producción de droga) de 3.000 a más de 40.000 hectáreas, y la coca legal de 12.000 a 20.000 hectáreas; el máximo jefe antinarcóticos de Evo Morales fue capturado en Panamá y condenado en Estados Unidos por narcotráfico; detenciones recientes en Brasil y Argentina muestran a miembros del gobierno de Morales como narcos mientras sus funcionarios y publicistas difunden noticias falsas contra opositores perseguidos y exiliados.

El semanario Veja, de Brasil, acaba de ofrecer datos actuales de presuntos “nexos entre La Paz, La Habana y los carteles mexicanos que introducen droga en suelo norteamericano”. El libro El Rey de la Cocaína: mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado (Amazon.com) ofrece datos precisos sobre el papel del dictador Castro y su régimen en el tráfico de drogas desde los años setenta. La relación FARC desde Colombia-Bolivia-Venezuela-Cuba, está fuera de duda en política, violencia y logística (narco). El incremento en la producción de cocaína está señalado como fuente de soporte a grupos terroristas islámicos también proclamados antimperialistas. El antimperialismo es una coartada de los regímenes de delincuencia organizada que usan el narcotráfico como “arma antimperialista”.


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