La agonía de los salarios, pensiones y jubilaciones

El salario es un concepto que identifica e integra en la actualidad a la mayor comunidad del planeta Tierra, nada menos que a 3.800 millones de seres humanos, de una población mundial de 7.500 millones. Su surgimiento como institución en el siglo XIX significó el deslinde de la esclavitud y la servidumbre como sistemas de explotación laboral, hoy casi extinguidos en el sistema económico mundial y condenados incluso por los convenios internacionales de la OIT.

Por tanto, la evolución del salario a escala planetaria y regional marca la condición de vida de millones de seres humanos, y su desarrollo depende directamente de las políticas públicas, las políticas empresariales y el desarrollo de las organizaciones sindicales. En nuestro país estos paradigmas comenzaron a ser vulnerados desde el momento en que el comandante de Sabaneta decretó el polvo cósmico para pulverizar adversarios: fue demoliendo instituciones públicas y privadas, los sindicatos y la CTV, y se llevó por delante la institución fundamental laboral, como efectivamente son el salario y el ingreso del trabajador.

Su sucesor, autocalificado “presidente obrero”, a lo largo de sus 4 años de mandato ha aumentado como jamás el salario y las pensiones en 17 oportunidades, lo ha multiplicado en papel moneda y, paradójicamente, lo ha pulverizado en cuanto a poder adquisitivo, en el concierto de una economía que ha derivado en caos, que ha motivado la atención de prestigiosas universidades mundiales como el MIT, Stanford, Harvard, curiosas por conocer el apocalipsis del patrimonio económico por décadas más próspero de Latinoamérica.

Siendo la gran interrogante si en el imperio las remuneraciones representan alrededor de la mitad del ingreso nacional, acá haya sucedido una regresión en la cual el Estado se ha agigantando al alcanzar 75% del ingreso nacional, y haya dejado al capital privado y al trabajo repartirse el restante 25% de este indicador. Lo que traducido en criollo deriva en un Estado sumamente rico y único propietario de divisas, y un proletariado excesivamente pobre, conjugado con una desindustrialización y expropiación de la propiedad privada.

Con el “presidente obrero” cifras van y vienen al hablar de salario integral de 325.544, siendo realmente salario 136.543 bolívares y 189.000 cesta alimentaria, en un manoseo de frases que pretenden ocultar la realidad de una cesta básica de bienes y servicios que sobrepasa de largo los 2 millones de bolívares. De esta forma, si un trabajador activo ve con pánico el aumento, más aún el pase a pensionado o jubilado, ya que es enviarlo al archipiélago gulag de la miseria, sin pago de vacaciones, ni cestaticket.

En resumen, la pretensión es sustituir el salario o la pensión por una caja CLAP, lo que significaría el entierro y la desaparición del salario y las pensiones como derecho humano, como sucedió en la URSS y en la isla de la felicidad, donde lo que percibe el trabajador como ingreso es la retribución que le asigna el Estado por vivir en el paraíso, el estadio supremo de la revolución.

Hábilmente, el gobierno ha logrado atraer la atención a la agenda política, al subsumir la cruenta realidad de la pobreza en el tema de la guerra económica; y el papel de los sindicatos, gremios y los partidos políticos es recuperarla y ponerla en primer plano para enfrentar la dictadura. Si bien es cierto, como planteara Amartya Sen, la agenda política es fundamental para vivir en democracia, la agenda económica es una condicionante para vivir en libertad.