Un Boletín Oficial del Estado declaró la designación de Sáenz de Santamaría, tras la destitución de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes catalanes.
Las medidas fueron tomadas en la madrugada del sábado, después de una reunión de ministros, en respuesta a la votación en el parlamento catalán para declarar su independencia.
Como parte de las medidas 11 consejerías autonómicas catalanas pasan a estar a cargo de ministros del gobierno central, tras el cese de todos los consejeros de la Generalitat.
Las diferentes competencias de la Generalitat se dividirán entre varios ministerios del gobierno español.
El Ministerio de Hacienda toma el control financiero pleno.
El de Fomento se hace cargo de las principales infraestructuras catalanas, como puertos, aeropuertos y el servicio ferroviario de la Generalitat.
Con anterioridad, el gobierno central destituyó al jefe de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, e instó a los uniformados a mantener la neutralidad.
El viernes, Madrid disolvió el parlamento catalán y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre.
La dirección de esa policía autonómica y la organización de los procesos electorales, incluyendo el del 21 de diciembre, quedan bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior.
Otras medidas tomadas por el gobierno de Mariano Rajoy incluyen:
El cierre del secretariado del gobierno regional y del Consejo Diplomático Público de Cataluña (Diplocat).
Se hará lo mismo con las delegaciones extranjeras del gobierno local, con la excepción de la de Bruselas.
Los delegados del gobierno regional catalán a Bruselas y Madrid serán retirados.
El boletín señaló, sin embargo, que no se tomará control de las emisoras catalanas que, según el gobierno, se han destacado por promover la agenda independentista.
No obstante, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría también tendrá entre sus responsabilidades el boletín oficial de la Comunidad Autónoma y el centro de estudios de opinión.
No está claro cómo procederá el gobierno central si la administración regional se niega a abandonar sus despachos.
Ha habido un llamado a la desobediencia civil, por parte de los grupos que fomentan la secesión, y han dado instrucciones a los funcionarios para que desobedezcan las órdenes de Madrid.
Se ha instado a una resistencia pacífica.
En Madrid, entretanto, se esperan manifestaciones por la unidad del país.
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