• Caracas (Venezuela)

Alexandra Palmieri Di Iuro

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El problema de la basura

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Según la Ley de Gestión Integral de la Basura, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y la Constitución, en materia de aseo público domiciliario existe un régimen de competencias concurrentes, casi todas entre el poder público municipal y el poder público nacional. Es decir, sobre la misma materia, el poder público municipal y el poder público nacional tienen distintas competencias pero estrechamente vinculadas entre sí, siendo necesaria la coordinación y colaboración entre ambos poderes públicos para la gestión eficiente de los residuos en el país.

Al Poder Ejecutivo nacional –a través del extinto ministerio con competencia en materia ambiental– le corresponde formular políticas sobre la gestión integral de residuos y desechos sólidos, elaborar los planes de gestión de los mismos, fijar criterios para el establecimiento de las tasas, aprobar tecnologías destinadas al tratamiento o aprovechamiento de residuos, entre otras competencias. No obstante, recordemos que a pesar de que la Ley de Gestión Integral de la Basura entró vigencia en 2010, su contenido ha sido letra muerta para el poder público nacional. Con cuatro años de retraso, el gobierno nacional ni siquiera tiene un proyecto de Plan Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos. El incumplimiento de esta obligación ha retrasado, a su vez, la aprobación de los planes municipales, que por mandato de la propia ley deben producirse con posterioridad al Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos y Desechos para tener un contenido consonante y uniforme.

Adicionalmente, la Ley de Gestión Integral de la Basura estableció la necesidad de reglamentar su contenido en un plazo máximo de un año contado a partir de su publicación, así como de elaborar la normativa técnica correspondiente por parte del Consejo Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos. Mandatos legales también incumplidos por el gobierno nacional. Hasta aquí ya tenemos el principal y más grave de los problemas en materia de recolección y tratamiento de residuos en Venezuela: existe un marco normativo que regula la gestión eficiente de residuos en todo el país, y el gobierno nacional no lo cumple.

Por su parte, el poder público municipal tiene la responsabilidad de prestar el servicio público de aseo domiciliario, entre otras competencias, como la de elaborar y ejecutar el plan municipal de gestión de residuos, cuyo contenido debe corresponderse con las ausentes directrices nacionales. A partir de esta ausente planificación y coordinación, a los municipios no les queda más que elaborar y ejecutar sus planes sin directriz nacional alguna y con escasos recursos financieros y logísticos, especialmente si se trata de alcaldías no revolucionarias.

Este breve repaso acerca de las competencias y responsabilidades es un ejercicio importante para identificar a los verdaderos causantes de la condición actual de la calidad de vida en el país, especialmente en relación con el problema de la basura, que directamente afecta dos derechos constitucionales: la salud y la protección ambiental. Y hago este ejercicio porque es lógico achacar la responsabilidad del problema a los municipios, considerando que son los que deben recoger la basura. Sin embargo, las circunstancias económicas y políticas del país nos obligan a ir más allá, y preguntarnos cuáles son los obstáculos que a diario enfrentan los municipios para llevar a cabo de una forma eficiente sus competencias y responsabilidades. ¿Es tan sencillo recoger la basura?

Recoger eficientemente la basura requiere de voluntad política nacional y municipal, planificación nacional y municipal, suficientes recursos financieros, coordinación y colaboración entre los poderes públicos competentes, y la corresponsabilidad del ciudadano obligado a pagar las tasas e impuestos destinados al mantenimiento del municipio. ¿Los recursos asignados por el Estado a los municipios son suficientes para comprar maquinaria y/o suscribir costosísimos convenios con empresas contratistas que presten el servicio de recogida de la basura? También nos obliga a informarnos sobre los posibles saboteos del poder público nacional, que además de controlar los ingresos mal distribuidos del país, controlan también los medios de comunicación. ¿Se cumple con las obligaciones tributarias?

Partiendo siempre de la misma estrategia desinformativa propia de un gobierno dictatorial, todavía muchos caen en la trampa, señalan y culpan sin conocer la realidad de las cosas, y con esos señalamientos irresponsables se contribuye con el deterioro del país. La realidad es la de un gobierno que siempre busca tapar sus propias vagabunderías a costa del trabajo que muchos municipios realizan con las uñas, porque carecen de las herramientas y recursos suficientes para informar a sus ciudadanos sobre las penurias por las que deben pasar para cumplir medianamente con sus objetivos y responsabilidades.

Es un combo de ineptitud con sabotaje y secuestro de instituciones públicas, del quien no lava pero tampoco presta la batea.