• Caracas (Venezuela)

Alexandra Palmieri Di Iuro

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Alexandra Palmieri Di Iuro

No hay agua: ¿responsables?

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Cuando se va la luz o el agua, cuando no recogen la basura o cuando cualquier otro servicio público no funciona con normalidad, ¿identificamos correctamente a los responsables? En materia de agua potable como servicio público existe confusión acerca de las competencias de los poderes públicos en su regulación y prestación, ignorancia muy bien aprovechada por el gobierno nacional para achacar en repetidas oportunidades su propia ineficiencia a municipios y gobernaciones de oposición.

De acuerdo con la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm) y la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (Lopsas), es competencia de los municipios prestar el servicio de agua potable como uno de los principales servicios públicos domiciliarios, y regular dicha prestación mediante ordenanzas conformes a la Lopsas y a las directrices de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento. Al poder público nacional le correspondería aprobar políticas y normas generales de prestación de este tipo de servicios. Al tratarse de una competencia concurrente, la Lopsas exige que ambos poderes públicos trabajen de manera armónica y coordinada. Este escenario jurídico refleja un proceso de descentralización iniciado en los años noventa del siglo pasado con un fin principal: la eficiencia.

Sin embargo, ese proceso dirigido a la eficiencia fue paralizado por el gobierno de Hugo Chávez, pisoteando una vez más el derecho venezolano como tanto le gustaba hacer. Decidió hacer caso omiso de las “caprichosas” leyes, y el poder público nacional se atribuyó funciones de servicios públicos municipales como el de agua potable. Ese afán centralizador del autoritario gobierno chavista ha incumplido leyes dictadas por su propia iniciativa y aprobación, como es el caso de la Lopsas publicada el 20 de marzo de 2007, y cuya transgredida disposición transitoria décima dice textualmente: “La Compañía Anónima Hidrológica Venezolana (Hidroven) será el organismo responsable, en todo el territorio nacional, de la transferencia de los servicios prestados por el Poder Ejecutivo Nacional a los distritos metropolitanos o municipios, la cual no podrá durar más de seis (6) años a partir de la publicación de la presente ley…”. Han pasado más de siete años y el servicio de agua potable sigue estando en manos del poder público nacional. ¿Por qué expropiar (también) competencias municipales?

Una de las consecuencias de la centralización de servicios públicos es el recién anunciado plan de “abastecimiento” que consiste en no abastecer agua potable a determinados sectores de la región capital. La causa alegada es la sequía y punto. Suficiente justificación según el gobierno. Pero la realidad es que en los últimos años se ha agravado la desigualdad en el acceso al servicio de agua potable, especialmente en sectores rurales y marginales. Una inequidad propia del actual socialismo criollo que perturba aún más la deprimente calidad de vida del venezolano.

¿Es acaso culpa del calentamiento global la falta de inversión en almacenamientos de agua adecuados para hacer frente al problema de la sequía? ¿Es también culpa de la sequía la contaminación del agua o es por la falta de mantenimiento de embalses y tuberías? ¿Será que Obama inoculó sequía y contaminación en Venezuela? Pues no, no es culpa de la sequía, ni del cambio climático, ni es responsabilidad de los pitiyanquis. El responsable es un gobierno nacional que expropia funciones y competencias municipales, y no conforme con expropiarlas, las ejerce pésimamente.

Es evidente que el proceso de centralización de servicios públicos ha sido un fracaso, urge su descentralización y dotar de recursos técnicos y económicos a las entidades municipales, para que puedan ejercer sus retenidas competencias. El primer paso debería ser lograr la coordinación que la propia Lopsas exige entre los tres niveles político-territoriales con competencia concurrente en esta materia. Ello seguido de una urgente inversión en el sector; la implementación de un régimen tarifario más sostenible; el diseño de campañas de consumo responsable del agua como recurso vital limitado; y el fomento del uso de nuevas tecnologías más responsables con el medio ambiente.

La sequía continuará siendo una de las tantas consecuencias del fenómeno del calentamiento global, queda en los gobiernos aplicar las medidas adecuadas para prevenir y disminuir sus efectos, pero frente a ese fenómeno quizás otro es más grande: 15 años de mentiras, ineptitud, chanchullo y vagabundería.

No hay agua porque al incompetente gobierno nacional no le da la gana.