• Caracas (Venezuela)

Alberto Navas Blanco

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Elecciones y proceso histórico venezolano

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Elecciones y votaciones han sido procedimientos presentes en el desarrollo histórico del sistema político venezolano desde finales del periodo colonial y durante el curso de toda nuestra vida republicana. Ya desde 1784, en cumplimiento de lo dispuesto por la Real Cédula de Carlos III, el Claustro Pleno de la Universidad de Caracas (hoy UCV) elegía de entre sus doctores y catedráticos al Rector de nuestra primera casa de estudios superiores. Posteriormente, y a partir de 1811, el carácter corporativo de las elecciones se fue disolviendo en una evolución hacia un republicanismo liberal de lenta y gradual apertura para la incorporación de los venezolanos a la condición de ciudadanos activos, con derecho a elegir y ser elegidos. Esta fue una etapa que se inició con la elección del Congreso que proclamó la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811 y que culminó en 1897 con la polémica elección del Presidente Ignacio Andrade. La mayor parte de los procesos electorales de este siglo XIX ocurrieron bajo la tutela de los caudillos gobernantes de variables cualidades autocráticas: los generales Páez, Monagas, Guzmán Blanco y Crespo. En pocos momentos brillaron figuras civiles de vocación institucional, como El Dr. Vargas en 1834 o el Dr. Rojas Paúl en 1888. Sin embargo, pese a todos los inconvenientes, sí pudimos evolucionar hacia intentos de implementar el sufragio universal de varones, primero con la precaria elección de don Manuel Felipe Tovar durante el difícil contexto de la Guerra Federal (1859-1863) y segundo con las elecciones de Joaquín Crespo en 1893 e Ignacio Andrade en 1897, esta última cuando al robarle las mesas (y no propiamente los votos) al candidato opositor general José Manuel Hernández (el Mocho), se abrió una crisis política que nos llevaría a la llamada Revolución Liberal Restauradora de 1899 y a la sepultura del sufragio durante cuatro décadas.

La suspensión de las funciones electorales por procedimientos de votación consagratorios de la voluntad del poder tiránico centralizado, fueron la obra de los generales Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez entre 1899 y 1935. “La tiranía Liberal”, como la calificó Manuel Caballero o el “Cesarismo Democrático” definido por Vallenilla eran denominaciones de un sistema univoco de ejercicio del gobierno donde lo electoral no era sino una extensión ornamental del poder y los intereses establecidos. Pero del mismo seno de la tiranía surgieron los factores funcionales necesarios para la recuperación del camino liberal republicano con un nuevo acento social y democrático, por un lado los reformistas moderados que se asomaban ya desde 1927 con la figura del doctor Baptista Galindo y luego en torno al círculo del general López Contreras. Y, por otra parte, los partidos y movimientos políticos modernos, que también se asomaban desde 1928. Ambas tendencias reformistas protagonizaron entre 1936 y 1945 las luchas que definitivamente lograron implantar el sufragio universal directo y secreto, el freno al continuismo reeleccionista y las bases de la alternabilidad democrática fundamentadas en un equilibrio de poderes, donde aparecería, por primera vez el concepto del poder electoral autónomo.

Se podría sostener la idea de que el reformismo liberal/democrático se mantuvo vigente entre 1936 y 1988, independientemente de los golpes y contragolpes ocurridos en 1945, 1948, 1952 y 1958, por solo citarlos más significativos, independientemente también del paréntesis dictatorial militar perezjimenista, pues la tendencia general y predominante fue hacia la democracia liberal representativa, como se reafirmó durante las décadas de 1960 y 1970. Pese a los traumas dejados por la dictadura de los años cincuenta y la violencia subversiva de los sesenta, se observó un evidente asentamiento y consolidación de la democracia de partidos. De 78% obtenido por Acción Democrática para la Asamblea Constituyente de 1946, pasamos a proporciones más moderadas con la elección de Rómulo Betancourt en 1958 con 49,1%, Raúl Leoni con 32,8% y Rafael Caldera con 29,1%, lo que nos indicaba la existencia de un espacio político/electoral que oscilaba entre un 50% y un 70% para el juego democrático de oposición. Desafortunadamente a partir de la década de 1980 observaremos tendencias regresivas, condimentadas con un viraje desde la democracia social hacia el sistema demodistributivo del populismo reformista. Los gobiernos de los presidentes Herrera Campins, Lusinchi y segundo de Pérez, operaron bajo el peso de una crisis económica y financiera, así como sobre la debilidad de un deterioro de los partidos políticos que impidieron detener el colapso de la década perdida de 1990.

Los desórdenes anómicos de 1989, las intentonas militares de 1992 y las elecciones mesiánicas que han operado desde 1998, son expresiones del sistema demodistributivo quebrado en la Venezuela que aún avanza bajo esos parámetros durante el actual siglo XXI. El espacio político-electoral de una oposición organizada apenas está recuperándose desde 2013, debido al imprevisto cambio causado por el fallecimiento de la principal figura mesiánica, vacío del que difícilmente se podrá recuperar el denominado “oficialismo”, pero que también afecta a la oposición cuya funcionalidad y unidad respondía en gran parte a la presión desmedida de ese líder hoy desaparecido. La principal ventaja de esta “ausencia mesiánica provisional” es la posibilidad de recuperar los espacios de acuerdos y gobernabilidad necesarios para retomar el camino del progreso, no se trata simplemente de un nuevo Pacto de Puntofijo, sino de evitar la necesidad de una intervención mesiánica como las que tuvimos desde 1870 con Guzmán Blanco y posteriormente con los 35 años de los generales Castro y Gómez.

alberto.navas@ucv.ve