• Caracas (Venezuela)

Alberto Arteaga Sánchez

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Alberto Arteaga Sánchez

La impredecible justicia penal

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No le deseo a nadie que se vea envuelto en una causa penal, en la que tenga en su mente ser “invitado” a declarar en el Sebin, ser citado para una “entrevista” en la Fiscalía, “ser visitado” para una inspección en su domicilio o “ser imputado”, máxima distinción, según el ex fiscal Rodríguez que le permitiría al “beneficiario” de tal condición el dudoso privilegio de ejercer todos los derechos que el “debido proceso” implica, comenzando por el derecho a la defensa, tan efectivo que cuando lo vamos a ejercer, ya tenemos un pie en la cárcel, como candidato al flamante título de “privado de libertad”. Por lo expresado, percibo la cara al horror en mis visitantes cuando se me ocurre despedirme con la frase “estoy a su orden”.

Los caminos de la justicia penal venezolana, por los que transito hace muchos años, son absolutamente impredecibles, a tal punto que un profesor de derecho penal no puede responder interrogantes elementales sobre el proceso criminal.

Los pensamientos no delinquen; ninguna persona puede ser molestada por sus opiniones; los hechos por los cuales se puede procesar a un ciudadano deben estar previstos expresamente en la ley; la inocencia se presume mientras no exista una sentencia condenatoria; hay derecho a ser juzgado en libertad si hay garantías de sometimiento al proceso y este no puede prolongarse eternamente y -es muy importante- solo se puede detener a una persona con una orden judicial razonada en la que conste la comisión de un delito, elementos que comprometan su responsabilidad y peligro de fuga, salvo el caso de sorpresa infraganti o con las manos en la masa, dejando también a salvo seguridades que pueda ofrecer el detenido para someterse a la justicia.

Pero, olvídese de esto, como decía Aquiles Nazoa, refiriéndose al abogado y a la ley como su instrumento, ya que todo lo dicho antes puede o no encontrar aplicación en la realidad penal venezolana.

 Iniciado un proceso, puede ocurrir cualquier cosa. La denuncia o cualquier notitia criminis dormirá el sueño eterno cuando afecte a alguien en el poder o, de inmediato, sin investigación, se dictarán órdenes de captura sin fundamento, prohibiciones de salida del país y solicitudes de alerta roja para la aprensión de los imputados, vía Interpol.

No resulta extraño que un detenido por homicidio o por violación deba ser puesto en libertad porque el lapso para acusar expiró y no llegaron los informes médico-forenses o porque no fue posible el reconocimiento de las víctimas. Pero vemos con naturalidad, en casos políticos, que se acuse a un imputado en el lapso previsto en la ley y que las decisiones, por supuesto, en contra del acusado, tengan lugar oportunamente, convalidando la condena previa de funcionarios ajenos al Poder judicial.

De acuerdo con las circunstancias, se aplican normas de efectiva vigencia que sustituyen a las leyes formales y que son conocidas por todos los concernidos en el “sistema” de justicia penal. El diferimiento y la prisión preventiva son leyes no escritas que se aplican de forma preferente a cualquier otra ley.

Los actos se difieren una y otra vez, como fórmula para hacer interminable una fase del proceso, como ocurre con la audiencia preliminar, después de una acusación; y junto a esto, la prisión preventiva se erige en la pena de hecho que se aplica en forma anticipada, de manera que ser procesado termina siendo más grave que ser condenado.

En definitiva, el proceso penal venezolano, sometido a la norma suprema de no tener ninguna referencia normativa fija y confiable, termina siendo una amenaza per se, un camino sinuoso, irregular, con entradas y salidas inesperadas que solo aseguran sus más desgarradores efectos para los que carecen de todo recurso y para los perseguidos por sus ideas políticas, suprema categoría de sujetos calificados como peligrosos para la estabilidad del sistema.