• Caracas (Venezuela)

Alberto Arteaga Sánchez

Al instante

El documento “Almagro”

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Al momento de escribir estas líneas, no tengo idea alguna sobre el resultado concreto que obtendrá la comunicación del secretario general de la OEA sobre la situación de Venezuela en el concierto interamericano de las naciones y el acatamiento de las normas que rigen la convivencia democrática. Creo que tampoco a él le importa, ya que lo que interesa es dejar constancia del deber cumplido.

El documento de Luis Almagro puede ser suscrito por el Bloque Constitucional de Venezuela, por las facultades de derecho del país, por los colegios de abogados, por los activistas de derechos humanos y por todo ciudadano que profese la democracia.

Se trata de un diagnóstico crudo y objetivo de la realidad venezolana que pone el dedo en la llaga de la tragedia que estamos viviendo y que se encarna en el dolor y en las carencias de los más desposeídos, que hoy apenas reciben mendrugos que caen de la mesa del gobierno.

Sencillamente, todas las reglas que simbólica o realmente se aplicaban entre nosotros han cesado en su vigencia efectiva.

Las naciones tienen su declaración de principios y su marco normativo que las rige en su carta fundamental, carta magna o Constitución.

En un Estado social y democrático de Derecho son dos los principios básicos: el respeto absoluto a los derechos humanos y la separación de los poderes.

El documento de Almagro, sencillamente, deja al descubierto nuestra realidad: no tenemos Constitución, a pesar de tener un texto escrito de 1999 con grandilocuentes declaraciones y disposiciones, cuya letra y espíritu, aunque sea evidente y no deje, por ello, lugar a dudas, queda al arbitrio de una Sala Constitucional que acomoda el articulado a las exigencias y necesidades del gobierno.

Las carencias de alimentos, de medicinas y de seguridad agobian al ciudadano. Los enfermos mueren de mengua; los niños pasan hambre y extrema necesidad; la violencia nos acogota; y solo hay sanción efectiva y enérgica para quien se atreve a disentir del régimen, amenaza, por ello, para el estatus y pretendido factor de desestabilización.

Nos hemos convertido en un país de salida; las familias se encuentran dispersas por el mundo; el crimen organizado a modo de “pranato” ha extendido su radio de influencia a todos los ámbitos de la vida societaria; y, en definitiva, nos movemos en un territorio sin ley y sin justicia, en franca regresión a las etapas más primitivas de la venganza privada y del imperio del terror.

Almagro, en su comunicación, retrata el drama de Venezuela y, en lugar de ver hacia otro lado y regodearse en fórmulas vacías de la diplomacia o negociar con oscuros o abiertos intereses que terminan diciendo algo que no dice nada, asume su responsabilidad como secretario de una organización que tiene como encomienda velar por la democracia en América.

En mi opinión, ha sido acertado en sus apreciaciones y va a la esencia del problema.

Nuestro país, nuestro pobre país, rico “en reservas petroleras”, privilegiado y dotado abundantemente por Dios y la naturaleza, padece lo que la propia Sala Constitucional ha calificado de “anomia” para atribuirlo a la propuesta legislativa de renuncia del Estado al castigo injusto de quienes han cometido el delito de opinar y expresar sus ideas.

Sin poderes contralores, el Ejecutivo, aferrado al mando de una nave que marcha hacia el abismo, sin ánimo alguno de rectificar, pretendiendo engañar a propios y extraños, ha conducido al pueblo hacia los vericuetos de la desesperanza, del miedo y de la impotencia.

Por lo expresado, por las consideraciones principistas que atañen a la democracia, por el estado de desamparo y sufrimiento del pueblo, ante las evidencias de violaciones flagrantes de los derechos humanos y la ausencia de árbitros imparciales o de jueces que resuelvan los conflictos sociales, se impone un llamado inequívoco a restablecer el orden constitucional, a respetar al Poder Legislativo, representación legítima y plural del pueblo, a garantizar el respeto a los derechos humanos, a dejar sin efecto la persecución a los adversarios políticos y –algo que responde a la esencia de un sistema que se dice participativo y de protagonismo popular– a consultar a todos sobre la revocación del mandato presidencial.

Lo que dice Almagro no puede dejar de ser suscrito por quien comparta las reglas mínimas de la democracia. Sin duda, nos ha impartido una lección de civismo y  nos ha dado una clase práctica de derecho.