• Caracas (Venezuela)

Alberto Arteaga Sánchez

Al instante

La conspiración de Ledezma

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En los casos políticos conocidos por la justicia penal venezolana se ha creado una normativa paralela siniestra que ha impuesto una nueva realidad jurídica que nada tiene que ver con nuestra Constitución ni con los códigos penales. Y lo más grave es que las prácticas instauradas han recibido carta de ciudadanía por parte de los órganos encargados de velar por la ley y los derechos ciudadanos.

Una investigación penal se inicia, y ello se reconoce en los escritos oficiales del Ministerio Público y de los tribunales, por una comunicación del Sebin en la cual se señala que se ha tenido conocimiento de los hechos “a través de una fuente viva” o de “un patriota cooperante” que, siendo absolutamente anónimo, revela planes desestabilizadores en el país, los cuales pueden comprometer a una persona por el simple hecho de encontrarse su nombre en una libreta incautada a alguno de los presuntos golpistas, que son tan eficientes que no han concretado ninguna acción violenta, ni siquiera en etapa preparatoria, ya que solo se le atribuyen en videos de dudosa procedencia y que, sin valor alguno probatorio,ni siquiera llegan a propuestas chambonas de conspiradores de cafetín.

Esto queda de manifiesto en el caso Ledezma, para citar un solo ejemplo, encontrando en un  escrito fiscal lareferencia al conocimiento obtenido “a través de una fuente viva”, tan viva que no se conoce, ni se identifica, ni asume responsabilidad alguna, careciendo de todo valor y siendo incompatible con nuestro sistema de garantías.

Por lo demás, tamaño disparate conduce a una solicitud de orden de aprehensión acordada por un Tribunal ante una petición del Ministerio Público, la cual no deriva de una investigación seria en la que se acredite la comisión de un delito, elementos que comprometan la responsabilidad de alguien y peligro de fuga, sino que se produce sin fundamentación alguna y sin razones de urgencia y necesidad, las cuales, de existir, solo eximen de la previsión escrita por parte del tribunal ante la inminencia de escapar a la justicia, cuando se ha avanzado en la etapa investigativa y se han recogido elementos serios y convincentes para una detención preventiva.

Y aunque usted no lo crea, siendo así que la Constitución consagra el derecho a ser juzgado en libertad, salvo que exista peligro de fuga y siempre que se den otros supuestos, se asienta, en manifiesta burla a la inteligencia y a los derechos del procesado que el peligro de fuga se infiere del hecho de tener el sujeto (se refiere al mismo Ledezma) “un trabajo estable”, por lo cual se presume su capacidad para permanecer oculto o inclusive abandonar el país. Esto es, por argumentoa contrario, un vago redomado no ofrece peligro de fuga, pero sí lo ofrece un ejemplar trabajador, consecuente con sus obligaciones y, por tanto,“sospechoso”. Este razonamiento absurdo es una afrenta a la lógica y a la inteligencia, siendo precisamente lo contrario lo que se ajusta a la sensatez. Quien tiene un trabajo estable, máxime de responsabilidad ante la población por estar legitimado por el voto popular, debe ser respetado en su derecho a la presunción de inocencia y a ser juzgado en libertad.

Por lo demás, la imputación se reduce “planes conspirativos y desestabilizadores” que, por ello, son solo planes, no encuadrables en la categoría de actos preparatorios y que emergen de haberse obtenido información que demuestra que “el in comento objeto de la investigación” (¿?)ha estado vinculado con casos como “el Aviador”, relacionado también con “planes conspirativos” y quien “se suicidó” en el Helicoide bajo la estricta responsabilidad del Estado, garante de su seguridad, vinculación  que surge para Ledezma  por el hecho de encontrarse su número entre los contactos telefónicos de Rodolfo González, a lo cual se uniría la información de un delator o informante arrepentido que habría involucrado al Alcalde Metropolitano en un plan para asesinar a Leopoldo López y sustituirlo en su liderazgo.

Otros pretendidos elementos de convicción estarían referidos a un “in comento” que lo relaciona con otros “conspiradores” y, sobre todo, el haber suscrito un documento público, expuesto a la luz del día, abierto, participativo, en el cual, junto a otros líderes y a un sinnúmero de venezolanos, se censura al Gobierno y se propone un acuerdo para la transición que no es más que un documento político de crítica al estado de cosas actual, que propone cambios profundos y en el que se exaltan los valores consagrados en la Constitución, por lo cual en forma alguna se plantea destruir nuestra forma política republicana, sino rescatarla.

Evidentemente, no puede dejar de mencionarse la absurda calificación de la actuación de Ledezma como miembro de un grupo de delincuencia organizada, exabrupto y disparate que solo puede tener cabida en quienes viven con la obsesión de un golpe que en otras épocas auspiciaron, dejando un saldo de víctimas inocentes y un daño gravísimo a la institucionalidad.

aas@arteagasanchez.com