• Caracas (Venezuela)

Alberto Arteaga Sánchez

Al instante

¿Inhabilitaciones políticas administrativas?

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Hay temas o asuntos que ofrecen serias y fundadas dudas a los efectos de su solución jurídica y otros que aparecen claros, a tal punto de que no caben interpretaciones discordantes.

Tal es el caso de las reiteradas, renovadas e institucionalizadas inhabilitaciones políticas una vez más puestas en marcha por el Contralor, a los fines de decapitar olímpicamente a líderes políticos por la trocha de una pretendida “sanción administrativa de inhabilitación” que decreta la muerte política del adversario por la vía de la decisión de un funcionario que, como se ha hecho costumbre en el presente, utilizando el camino “administrativo” que antes se imponía a los “vagos y maleantes” para meterlos presos, saca del juego al enemigo, sin condena judicial, bajo el pobre alegato ofensivo a la inteligencia, de que se trata de una medida administrativa.

Esto equivale a encarcelar a un ciudadano por mandato administrativo obviando la intervención de un juez, único funcionario que puede ordenar esa medida.

De la misma manera, solo un juez puede inhabilitar políticamente a una persona e impedirle el desempeño de un cargo público o el derecho a optar por un cargo de representación popular y ello con limitaciones, lo cual  no lo afirmo como ejercicio de una lucubración teórica, sino apelando al texto de nuestra Carta Magna y del Código Penal.

Solo puede inhabilitar un juez; la inhabilitación es una pena accesoria a la pena de presidio o de prisión; y, es más, aunque ello suene extraño para algunos, para inhabilitar  con relación a cargos de elección popular, salvo el de Presidente de la República, que tiene disposición expresa (Art. 227), se requiere no cualquier condena, sino la condena por delitos que afecten  el patrimonio público.

En síntesis, las inhabilitaciones del Contralor son improcedentes, carecen de fundamento y no cabe el alegato de disposiciones legales que pura y simplemente chocan con la Constitución y, como diríamos en criollo, “Constitución mata ley”.

Según el artículo 42 de la Carta Magna, “el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme” y el Contralor no es juez. Esto no admite discusión.

Según el Artículo 65, eiusdem, por otra parte, “no podrán optar a cargo alguno de representación popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”.

Por lo tanto, solo se constituye en obstáculo para el cargo de elección popular una condena por delitos que afecten  el patrimonio público.

Y según el artículo 334, de la misma Carta Magna, en caso de que una disposición legal sea incompatible con la Constitución, debe ser desaplicada.

Lo dicho aquí -no porque lo diga yo- sino porque es doctrina clara y pacífica, acorde al texto de la Constitución, debe ser respetado.

El Contralor no es juez, no hay inhabilitaciones administrativas, las inhabilitaciones son una pena solo aplicable por un juez penal y algo que estimo muy importante y que tal vez resulte extraño para muchos: un ciudadano, aun condenado por un delito que no sea contra el patrimonio público, puede optar a un cargo de elección popular como el de diputado y la voluntad del pueblo le otorga, para que el caso de ser electo, un indulto popular. Esta última es mi opinión jurídica, a la luz de la Constitución y del Código Penal. La conclusión es obvia: las inhabilitaciones políticas administrativas son contrarias a la Constitución y constituyen un atentado contra la voluntad popular.

aas@arteagasanchez.com