• Caracas (Venezuela)

Adolfo Taylhardat

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Adolfo Taylhardat

El régimen en el banquillo

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El régimen se encuentra desde la semana pasada sentado en el banquillo de los acusados ante el Comité contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. El comité es uno de los órganos permanentes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tiene por función monitorear el cumplimiento de la Convención que prohíbe a los gobiernos cometer atrocidades contra los derechos humanos bajo la forma de torturas y tratos denigrantes. Paradójicamente, Venezuela es uno de los países que actualmente integran el Consejo a pesar de que en la escogencia de sus integrantes la Asamblea General de las Naciones Unidas debe tener en cuenta la “contribución de los países a la promoción y protección de los derechos humanos”.

El Comité está integrado por 10 expertos independientes escogidos por el Consejo sobre la base de candidatos propuestos por los gobiernos

El examen de la situación de nuestro país que lleva a cabo actualmente el Comité evidencia el conocimiento que tiene la comunidad internacional de la situación interna de Venezuela en lo que respecta a la ausencia de Estado de Derecho.

Las preguntas formuladas por los miembros del Comité han sido contundentes, exigiendo cifras e información precisa y detallada sobre los casos que han sido denunciados tanto por las propias víctimas, lo medios y las organizaciones no gubernamentales venezolanas que vigilan de manera permanente los abusos de las autoridades supuestamente responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos.

El interrogatorio, en el cual han participado activamente los expertos, demuestra el profundo conocimiento que tienen de la realidad venezolana,  pone al desnudo la falsedad de la información presentada por el gobierno y el intento de sus representantes de evadir la verdad escudándose tras respuestas evasivas y subterfugios retóricos. Además, ha demostrado plenamente la situación de dependencia servil en que se encuentra la administración de justicia en nuestro país en relación con los órganos del Poder Ejecutivo.

La represión contra las protestas de estudiantes han sido objeto de severos cuestionamientos por el relator para Venezuela, quien exige información precisa sobre la situación de las más de 3.000 personas detenidas durante las protestas que comenzaron en febrero pasado, y destacó haber recibido información de que algunas personas, incluso mujeres, fueron desnudadas, amenazadas de violación, e incluso hubo casos de efectiva violación. Destacó el relator que el Comité tiene conocimiento de que en muchos casos no se permitió acceso a un abogado ni a un médico y se les impidió hacer contacto con sus familiares.

El relator pidió al gobierno proporcionar información acerca de las medidas aplicadas por el gobierno para castigar a los autores de los casos de torturas y malos tratos. También se refirió extensamente a los llamados “colectivos” y a la participación que tuvieron, al lado de los cuerpos de seguridad, en las medidas de represión contra los manifestantes de febrero. Exigió que se explicara la relación del gobierno con esos grupos armados ilegales pero que actúan con protección oficial y en coordinación con las fuerzas de seguridad.

También fueron denunciadas las agresiones y abusos contra mujeres detenidas, algunas de las cuales fueron objeto de acoso sexual, obligadas a realizar sexo oral o sometidas a vejaciones como las inspecciones vaginales y anales.

El proceso de militarización a que se encuentra sometida la administración pública y toda la sociedad venezolana ha sido igualmente objeto de escrutinio. Una experta en el Comité preguntó específicamente si es que en Venezuela existe un estado de excepción que justifique emplear el Ejército y la Milicia para reprimir a la población.

Con anterioridad al Comité sobre la Tortura se había reunido con el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos sobre Detención Arbitraria el cual examinó la situación de Leopoldo López y los demás presos políticos en Venezuela. Ese grupo ordenó su puesta en libertad inmediata, pero ya sabemos cuál ha sido la respuesta del régimen. El Comité contra la Tortura ha retomado esos casos sobre los cuales ha habido graves denuncias de tortura psicológica y vejaciones.

El Comité continúa durante esta semana su examen de la situación venezolana y se espera que el informe con los resultados será dado a conocer dentro de un par de semanas.

No es difícil pronosticar cuál será la actitud del régimen frente a las conclusiones a que llegará el Comité. La descalificación, el desprecio, el vilipendio, el menosprecio, la soberbia son las notas comunes a todo pronunciamiento de un órgano internacional sobre la situación venezolana. El manido y abusivo recurso al argumento de la soberanía nacional será esgrimido una vez más y se proferirán duras expresiones para intentar desprestigiar la labor del Comité y sus resultados.

Afortunadamente, a estas alturas todos los intentos del régimen y del propio ilegítimo para desacreditar la tarea que cumplen esas organizaciones se revierten contra quienes las emiten. Es como escupir para arriba. La situación de los derechos humanos en Venezuela ya es conocida en todos los rincones del planeta. Los miles de millones de dólares empleados durante los últimos 16 años en tratar de sembrar en la opinión pública internacional la imagen de un régimen respetuoso de los derechos humanos son dineros echados al cesto de basura porque no han podido tapar la naturaleza de forajido que internacionalmente se ha granjeado este régimen usurpador de las riendas de poder.