• Caracas (Venezuela)

Adolfo Taylhardat

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El precio del consenso

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Toda decisión consensuada conlleva un costo. Esto es particularmente cierto en el caso de los organismos internacionales donde por lo general intervienen los representantes de diferentes países y entran en juego intereses nacionales.

La semana pasada, a solicitud de Argentina, el Consejo Permanente de la OEA celebró una sesión extraordinaria sobre la situación de Venezuela. (¿Por qué Argentina tomó esa iniciativa en momentos en que se está gestando otra reunión del Consejo para tratar de la activación de la Carta  Diplomática? No se entiende, pero fue a todas luces inoportuna).

Argentina presentó inicialmente un proyecto de resolución, el cual posteriormente fue asumido por México, seguramente porque el embajador de Argentina, que presidía la sesión del Consejo prefería no aparecer comprometido con  la suerte de ese proyecto. El proyecto logró recibir apoyo de la mayoría de los 34 Estados miembros. Ese proyecto, redactado en términos conciliatorios propugnaba el diálogo entre la oposición y el oficialismo en Venezuela y endosaba la iniciativa en el mismo sentido conducida por el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado de los ex presidentes Fernández, de República Dominicana, y Torrijos, de Panamá.

Por su parte, Venezuela presentó también un “proyecto de declaración” con el apoyo de Bolivia y Nicaragua y algunos países del Caribe que en el fondo perseguía que el Consejo le reconociera legitimidad al régimen del ilegítimo apátrida.

Finalmente, el Consejo Permanente adoptó por consenso un texto que recogió lo esencial de la propuesta de México, con algunas frases tomadas del proyecto venezolano. El resultado final es una declaración totalmente anodina que no aporta nada que pueda considerarse una contribución útil a la solución de la crisis venezolana.

Da la impresión de que el presidente del Consejo, el embajador Juan José Arcuri, estaba empeñado, quizás por cuestión de prestigio, en lograr que la decisión del Consejo se tomara por consenso. Sin embargo, para conseguir ese resultado, no sé si por error o intencionalmente, el presidente transgredió varias normas de procedimiento.

En primer lugar, se dejó convencer con el argumento de la delegación de Venezuela que sostenía que la propuesta argentino-mexicana no debía ser sometida a votación porque Venezuela no había participado en su redacción. Ese argumento es absolutamente fútil, irrelevante. Los autores de una propuesta no están obligados a incorporar en sus negociaciones al sujeto o al país al cual está dirigido el texto que elaboran. Sin embargo, accediendo al argumento venezolano, el presidente del Consejo acogió también su pedido de que se acordara “un cuarto intermedio” para atender esa exigencia.

El artículo 60 del reglamento del Consejo de la OEA establece que después de que el presidente ha anunciado el inicio de una votación ningún representante podrá interrumpirla salvo para una cuestión de orden relativa a la forma misma en que se esté efectuando la votación.

En dos oportunidades, después de haber anunciado el inicio de la votación, el embajador Arcuri concedió el uso de la palabra para intervenciones que no eran puntos de orden, dando lugar a un debate en abierta contravención con la norma reglamentaria. Peor aún, en ambos casos el presidente del Consejo accedió a suspender la sesión, lo cual configuró dobles violaciones del reglamento.

El artículo 57 del reglamento del Consejo establece que las decisiones de ese órgano se toman por mayoría absoluta de sus miembros. Esta es la regla en todas las organizaciones internacionales. Pero en los procedimientos de los organismos internacionales se ha impuesto la práctica de emplear el consenso en la toma de decisiones. Esa no es, bajo ningún respecto, una regla o una norma obligatoria. Como dice expresamente el artículo 67 del reglamento, el Consejo puede también tomar decisiones por consenso. Es una potestad, no una obligación.   

El consenso, como dije al comienzo, tiene un precio, que consiste en la renuncia o sacrificio de algunos principios o valores fundamentales y hasta intereses nacionales en aras de lograr un resultado, el cual, por lo general es aceptado con reticencias.

Con frecuencia ocurre, y así sucedió en Washington esta vez, que alguno de los participantes en la decisión se desasocia o se excluye del consejo, como lo hizo Paraguay que protestó el hecho de que la decisión adoptada no decía nada acerca del referendo revocatorio, el elemento más importante para resolver la crisis venezolana.

Próximamente el Consejo Permanente volverá a reunirse. Esta vez para considerar la solicitud del secretario general de la OEA de que se active la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela.

En una reunión tan importante y para una cuestión de naturaleza vital como la que sostendrá el Consejo Permanente no debe permitirse el uso del consenso. Evidentemente habrá países, comenzando con la propia Venezuela, que se opondrá a cualquier decisión que le afecte y en eso estará acompañada por los tradicionales países lacayos incondicionales. Aceptar el consenso convertirá la reunión del Consejo en un ejercicio inútil. La OEA quedaría más desprestigiada de lo que está y el régimen del ilegítimo apátrida se sentirá fortalecido y envalentonado para oprimir todavía más al sufrido pueblo venezolano.

En cambio, en una votación por mayoría absoluta dentro de lo que dispone el artículo 60 del reglamento, se cuenta, con seguridad, con los votos necesarios para que la Organización ejerza la autoridad que le otorgan tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática Interamericana. Es una oportunidad para que la OEA se reivindique de los desaciertos del pasado y se presente no solamente en América, sino en el mundo como una organización seria que ha asumido plenamente  su responsabilidad en un momento crucial de la historia del continente y de su propia trayectoria como organización intergubernamental.

Confiamos en que esta vez los “gobiernos hermanos” pondrán de lado sus intereses circunstanciales y actuarán con plena conciencia de que está en juego la existencia de un país y la suerte de todo un pueblo que clama por sus derechos, por su libertad y hasta por su vida si se tienen en cuenta las actuales circunstancias dentro de las cuales se desenvuelve la sociedad venezolana.