• Caracas (Venezuela)

Adolfo Taylhardat

Al instante

¿Está activada la Carta Democrática Interamericana?

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Desde el 23 de junio, cuando se llevó a cabo la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada por el secretario general de la OEA para presentar su informe sobre la situación en Venezuela, se han puesto de manifiesto dos posiciones divergentes en cuanto a la situación de la Carta Democrática Interamericana.

En su enjundioso e impactante informe del 30 de mayo, Luis Almagro advierte que a la luz de la Carta Democrática en Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional, y expone detalladamente las razones en las cuales basa su afirmación. Con fundamento en su informe, Almagro convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para el 23 de junio.

En el interregno, supuestamente a solicitud de Venezuela, el Consejo Permanente celebró una sesión el 21 de junio para recibir a los tres ex presidentes dialogantes (yo los llamo los tres mosqueteros, pero en realidad son cuatro como en la novela de Alejandro Dumas). Finalmente, compareció uno solo, Zapatero, ex presidente del gobierno de España. En su presentación ante el consejo se limitó a justificar la lentitud con la cual se desarrolla el proceso de diálogo del cual es uno de los promotores y actores y a solicitar el apoyo de la OEA a ese proceso. La mayoría de los miembros del Consejo que intervinieron destacaron que el diálogo por sí solo no basta, que debe ser efectivo y no debe entorpecer los procesos constitucionales democráticos para el cambio de gobierno, una referencia muy directa al referéndum revocatorio.

La reunión del 21 de julio terminó con la aprobación, por consenso, lo que significa que contó con la aprobación de la “canciller”, de una resolución en la cual, entre otras cosas, se manifiesta respaldo “a la iniciativa de los ex presidentes” y a las “diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan, con apego a la Constitución y el pleno respeto de los derechos humanos, de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa”.

Después de la reunión del 21 de junio Prodavinci publicó un artículo de Mariano de Alba titulado: “¿Qué decidió el Consejo Permanente de la OEA? ¿Y la Carta Democrática?”.

Ese artículo ofrece una serie de consideraciones que son muy pertinentes para dilucidar la situación actual de la CDI.

De Alba dice que la Declaración del 21 de junio no afecta la invocación de la CDI hecha por Almagro y agrega que el Consejo “tendría que reunirse próximamente para, mediante una votación, decidir si activa o no los mecanismos que prevé la Carta.

De Alba Agrega que “dependiendo del resultado del proceso de diálogo y el desenvolvimiento de la crisis en Venezuela, los países se reunirían de nuevo para decidir si es necesario activar la Carta.

(Subrayado mío)

Obsérvese que en ambos casos De Alba señala  que la activación de la CDI debe ser precedida de una decisión, opinión que comparto plenamente.

Con todo respeto no comparto la afirmación de que la activación de la CDI depende del resultado del diálogo y del desenvolvimiento de la crisis en Venezuela. No creo que haya que esperar su agravación. La crisis venezolana es suficientemente grave. La ruptura del orden constitucional es parte de la crisis y es la razón principal para activar la CDI.

En la sesión del Consejo del 23 de junio el secretario general Almagro hizo una presentación oral de su informe complementándolo con informaciones, datos y estadísticas actualizados que evidencian la gravedad de la crisis y demuestran sin lugar a dudas que en Venezuela incuestionablemente se ha producido una alteración del orden constitucional en Venezuela.

En su intervención Almagro dirigió al Conejo una serie de exigencias concretas: “Pido que a la luz de los compromisos consagrados en la Carta Democrática consideren las vidas, la salud, seguridad del pueblo venezolano”; “el Consejo Permanente debería también tomar medidas para atender a la crisis humanitaria sin precedentes e innecesaria que sufre Venezuela”; “el Consejo debería expresarse claramente sobre los presos políticos y los informes persistentes de tortura”; “el Consejo debería apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un revocatorio”. “Es conforme a estos principios que debemos actuar ¿o no?”.

En su presentación Almagro planteó además una serie acciones que debería decidir el Consejo. Comenzó diciendo: “Nuestro objetivo hoy no es castigar ni sancionar a Venezuela”; “estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia; “hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que les he planteado: que se lleve a cabo antes del final de 2016 el referendo revocatorio; que se libere de inmediato a todos los presos políticos y detenciones arbitrarias; que los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria; que todos los poderes del gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y seguridad en el país; que el Poder Ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos para socavar a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional; que se nombre a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes Ejecutivo y Legislativo; que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, que puede estar compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a la situación financiera en Venezuela.

Terminada la presentación de Almagro, siguió un rosario de intervenciones con la participación de prácticamente todos los miembros del Consejo. Nadie hizo alusión al fulminante Informe del Secretario General de la OEA. Fue como si Almagro hubiera hablado en un auditorio vacío. No pudo faltar una perorata (no se puede llamar discurso ni intervención) de la “canciller”, totalmente fuera de orden, en la cual, como acostumbra hacerlo, despotricó contra Almagro, contra el “imperio” y contra la oposición venezolana.

Terminada la lista de oradores, el presidente del Consejo se limitó a decir: “El Consejo toma nota de las intervenciones de los señores representantes” y clausuró la sesión.

Esta forma abrupta de proceder del presidente del Consejo dejó en suspenso la suerte de la Carta Democrática. Nunca una sesión del Consejo termina sin un pronunciamiento, una resolución o cuando menos una declaración indicando un resultado o un curso de acción a seguir. ¿Acaso los integrantes del Consejo previamente, fuera de sesión, acordaron poner fin a la sesión de esa manera? Si hubiera sido así, hasta eso había que informarlo públicamente.

La opinión que voy a exponer a continuación es de naturaleza estrictamente técnica, fruto de mi experiencia personal de muchos años en la diplomacia multilateral y de mi participación en numerosas reuniones de órganos de organismos internacionales. Es una opinión libre de motivaciones políticas y en ningún caso favorable ni en contra de alguna de las posiciones que los sectores políticos del país han asumido en torno del tema.

Según mi criterio, la suerte de la Carta Democrática en relación con Venezuela quedó en el limbo. No se activó. El 23 de junio el Consejo Permanente cerró los ojos y se tapó los oídos para no tomar acción sobre el Informe de Almagro. La CDI no se activa espontáneamente. Se requería una decisión expresa del Consejo Permanente para que se pongan en funcionamiento los mecanismos establecidos en los artículos 20 y 21.

La CDI sigue vigente en toda su extensión y sigue abierta la posibilidad de que más adelante se tome la decisión de activarla para atender la grave y delicada situación que vive nuestro país. En las actuales condiciones para activar la Carta bastaría que los países que se preocupan sinceramente por la situación venezolana decidan formular una solicitud expresa de conformidad con lo que dispone el artículo 20 y que el Consejo adopte una decisión también expresa al respecto.