• Caracas (Venezuela)

Adolfo Taylhardat

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La academia y el Esequibo

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La semana pasada la Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado fijando su posición en relación con el tema de la reclamación del territorio Esequibo a la luz de los acontecimientos recientes que han rodeado ese tema. Es, evidentemente, muy importante que la academia haga este pronunciamiento y contribuya a despejar algunos aspecto del problema respecto de los cuales tengo la impresión de que existe cierta confusión en la opinión pública nacional originada por el radicalismo de algunas opiniones.

La academia rechaza las pretensiones de Guyana de delimitar sus áreas marinas y submarinas solapándose sobre espacios que son inequívocamente venezolanos, las actividades llevadas a cabo por “embarcaciones extranjeras autorizadas por el gobierno de Guyana” y ciertas declaraciones de ese gobierno resultan ofensivas a Venezuela.

En su comunicado la academia acertadamente manifiesta que, en virtud de los nuevos desarrollos registrados en torno del diferendo, el gobierno de Venezuela debe “diferenciar y afirmar claramente la defensa de nuestra soberanía sobre las áreas marinas y submarinas que son proyección de nuestro actual territorio continental”, que no están bajo ningún respecto vinculadas a la reclamación, lo que “conlleva la afirmación y defensa de los derechos soberanos del Estado sobre su fachada marítima atlántica” y la reiteración  “de manera inequívoca de la proyección de la fachada atlántica que corresponde al actual territorio de los estados Delta Amacuro y Sucre”.

De esta manera la academia separa nítidamente lo que por derecho soberano le corresponde a nuestro país de lo que potencialmente podría pasar a ser territorio venezolano si se alcanza una solución al diferendo. Concretamente se distancia de quienes con el lema “el Esequibo es nuestro” pretenden establecer dominio venezolano sobre áreas marinas y submarinas que solo podrán definirse cuando se llegue a un resultado en la reclamación territorial.

También acertadamente la academia recomienda al gobierno “llevar a cabo un estudio jurídico y estratégico comprensivo con expertos nacionales e internacionales a fin de determinar la conveniencia” de ratificar la Convención  sobre el Derecho del Mar.

Nuestra ausencia entre los Estados partes de la convención nos perjudica y Guyana lo aprovecha a su favor.

Otra recomendación de la academia que considero acertada es el llamado al gobierno para que “mientras se logra un acuerdo con el gobierno de Guyana  para la solución de la controversia, Venezuela planifique, organice y ejecute en el corto plazo una política integral de presencia en la frontera: en los ámbitos político, económico, social, cultural, educativo, de servicios públicos de salud, comunicaciones, seguridad y defensa, vigilancia, control de tráfico de sustancias y materiales ilegales y contrabando, así como la dotación y equipamiento adecuado de nuestros puestos estratégicos de frontera.

Con todo respeto hacia la academia debo señalar que ese planteamiento no es nuevo. Estuve involucrado en el proceso de la reclamación desde el momento mismo en que se inició y participé activamente en él hasta cuando se llevó a cabo la reunión de Ginebra.  (www.adolfotaylhardat.net/miparticipacionenlareclamaciondelterritorioesequibo.htm). Cuando se aproximaba el momento de la segunda reunión de los ministros de Relaciones Exteriores en Londres, el 1º de abril de 1964, presenté al canciller Falcón Briceño un memorando preparado conjuntamente con el historiador Hernán González Oropeza, del cual conservo copia carbón, titulado: “La reclamación venezolana sobre los límites con la Guayana Británica - Comienzo y evolución de la reclamación”. En ese memorando propusimos una serie de acciones destinadas a proporcionar consistencia a la reclamación. Entre otras cosas señalamos que había necesidad de realizar un estudio amplio de todos los aspectos económicos envueltos en la reclamación, así como una evaluación de los recursos naturales existentes en el territorio en disputa a fin de determinar la importancia y la riqueza de la región. También señalamos que resultaba imperioso llevar a cabo un estudio de las condiciones sociales de la región en disputa y de manera particular la situación de los asentamientos amerindios existentes en la zona. Como para ese momento el Ministerio de la Defensa desarrollaba un amplio programa de penetración en el estado Bolívar que incluía la construcción de carreteras y la creación de puestos permanentes de control y vigilancia, recomendamos aprovechar esa experiencia para llevar a cabo una labor  de ocupación y colonización (en el buen sentido de la palabra) en el territorio reclamado por Venezuela. Destacamos que las vías de comunicación proyectadas o ya construidas por el Ministerio de la Defensa, así como las instalaciones de que disponía el Ejército en la zona, debían aprovecharse para llevar a cabo una acción de incorporación e integración económica del territorio bajo reclamación. Señalamos también la necesidad de emprender una amplia campaña de penetración cultural en el propio territorio de la entonces Guayana Británica a fin de promover un clima de opinión favorable a la reivindicación.

Siempre consideré que era necesario acompañar las gestiones diplomáticas con la labor de ocupación progresiva y de colonización de la zona reclamada. Es verdad que no era tarea fácil debido a la naturaleza agreste y las condiciones inhóspitas de esa región. Pero al mismo tiempo, siendo un territorio prácticamente inhabitado, la labor de penetración y de captación de los escasos pobladores, si bien requería grandes sacrificios personales para quienes la llevaran a cabo, en el fondo no era una tarea difícil. Los tímidos intentos de crear pequeños poblados o asentamientos en la vecindad de la frontera con pobladores amerindios fracasaron como consecuencia de la falta de apoyo por parte de las autoridades competentes venezolanas.

Si bien, como dije, estimo acertada la recomendación que hace ahora la academia en ese mismo sentido, la considero tardía. Han transcurrido 51 años desde que se presentó aquel memorando y nunca se hizo nada en el sentido propuesto. La falta de respuesta a aquel planteamiento es una de las causas por las cuales disminuyó mi entusiasmo en el asunto y la fe en que algún día lograremos recuperar el territorio que nos fue arrebatado.

En términos generales considero muy objetivo, preciso y oportuno el reciente pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Hay, sin embargo, con todo respeto hacia la academia y hacia sus ilustres miembros, un punto respecto del cual me permito disentir.

La academia sostiene que judicializar el diferendo y eventualmente someterlo a la Corte Internacional de Justicia sería contrario al Acuerdo de Ginebra “cuyo objeto y propósito explícitos consisten en la búsqueda de una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en forma aceptable para ambas partes” Someter la reclamación a un procedimiento judicial, dice la academia, “desnaturalizaría el acuerdo”, “por lo que debe ser rechazado enérgicamente”.

Estoy de acuerdo en que a Venezuela no le conviene una solución judicial, entre otras razones porque difícilmente un órgano jurisdiccional internacional osaría desautorizar una decisión arbitral por muy arbitraria, injusta, inicua u odiosa que sea. De manera que concuerdo con que Venezuela debe rechazar esa opción. Sin embargo, no creo que el recurso a un órgano judicial o más concretamente a la CIJ sea, como dice la academia, contrario al Acuerdo de Ginebra.

Siendo miembro de la delegación que representó a Venezuela en la Conferencia de Ginebra, participé activamente en la redacción del Acuerdo de Ginebra. A todo lo largo de las negociaciones tanto el ministro británico como el primer ministro de Guyana insistieron en que la controversia debía ser sometida a un nuevo arbitraje. El canciller Iribarren Borges y la delegación venezolana unánimemente se opusieron a esa alternativa. Ese impasse estuvo a punto de hacer fracasar la conferencia. Germán Nava Carrillo, para el momento ministro consejero en Londres, y yo, designado ministro consejero en Ginebra concebimos la fórmula consagrada en el artículo II del acuerdo según la cual, si la negociación directa de las partes no alcanzaba un resultado en relación con un medio de solución para el diferendo, el asunto sería referido al secretario general de las Naciones Unidas, quien escogería un medio de solución del abanico de medios contemplado en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas hasta que se hubieran agotado todos. Entre esos medios figura el recurso a un órgano jurisdiccional, que puede ser, evidentemente, la Corte Internacional de Justicia. Esa fórmula fue acogida por el canciller Iribarren Borges y resultó aceptada por el Reino Unido y por Guyana.

El Acuerdo de Ginebra, como bien señala la academia, persigue un arreglo pacífico y en su espíritu y propósito aspira a encontrar una solución satisfactoria para el arreglo práctico de la controversia en forma aceptable para ambas partes. Pero al estipular el recurso sucesivo a los medios de solución pacífica del artículo 33 de la Carta de las Naciones hasta que los mismos se hayan agotado todos, no excluye la posibilidad de someter la controversia a un órgano jurisdiccional. Implícitamente la contempla.

Personalmente considero que, habiendo quedado agotados la negociación directa y los buenos oficios, la mejor manera de procurar un arreglo aceptable para ambas partes y evitar que el caso sea llevado a la CIJ sería mediante la mediación, otro de los medios contemplados en la Carta de las Naciones Unidas.

La mediación implica, por supuesto, un proceso delicado en el cual las partes deben desplegar toda su buena fe en el procedimiento y su absoluta confianza en la persona que se escoja como mediador. El mediador, que sería propuesto por el secretario general de las Naciones Unidas, deberá ser una figura honorable aceptada por ambas partes, absolutamente imparcial, dispuesta a evaluar objetivamente los argumentos de cada lado y a proponer una solución viable y equitativa. Las partes deben comprometerse anticipadamente a aceptar y honrar el arreglo práctico que proponga el mediador. Reconozco que no es una tarea fácil pero tampoco imposible si prevalece la buena fe en todos los actores.

adolfotaylhardat@gmail.com​