• Caracas (Venezuela)

Adolfo Taylhardat

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Narcoestado

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Tristemente nuestro país ha quedado fichado como narcoestado. Durante mucho tiempo ese calificativo le correspondió a Colombia. Hoy día es Venezuela, nuestra noble y querida patria, la que ostenta el “galardón” de narcoestado.

Pero hay una gran diferencia entre los dos casos. En Colombia el narcotráfico mezclado con la guerrilla dio origen a la narcoguerrilla que llegó a contaminar a algunos personajes políticos y a algunas instituciones oficiales. Pero la actitud del gobierno colombiano ha sido firme. Ha combatido el narcotráfico en forma tan contundente que la obligó a buscar otras vías para su exportación. Aquí no cultivamos coca ni marihuana, pero el producto elaborado en Colombia transita impunemente por nuestro territorio gracias a la complicidad de las autoridades. A diferencia de Colombia, en nuestro país el narcotráfico está apadrinado por elementos de los más altos estratos del régimen, tanto civiles como militares. Ese padrinazgo no se limita a la simple facilitación del tráfico, de por sí un hecho grave, sino que en esa actividad están involucrados titulares de instituciones del Estado, figuras descollantes del partido de gobierno, del entorno del ilegítimo y de la mafia que nos desgobierna.

La descomposición del país ha llegado a tal extremo que el ilegítimo se rasga las vestiduras y dice estar dispuesto a dar la vida por los corruptos identificados y sancionados  por gobiernos extranjeros y denunciados por los medios internacionales. No es casualidad que uno tras otro, The Wall Street Journal, The New York Times, el diario español El País, y el periódico colombiano El Espectador, entre otros, publicaron la semana pasada extensos y bien documentados reportajes sobre el narcotráfico en Venezuela que ha florecido bajo el amparo y la participación de figuras destacadas del régimen. Tanto el TWSJ como el TNYT aseguran que las informaciones contenidas en sus reportajes provienen de fuentes oficiales.

Quien defiende o protege a un delincuente es tan delincuente como el defendido o protegido. Esa solidaridad automática y ciega revela complicidad, coparticipación o beneficio mutuo. Como dice El Espectador en su reportaje más reciente, no es concebible que el ilegítimo ignore lo que ocurre en su entorno inmediato. –Si lo ignora es una muestra palpable de incapacidad. Si no lo ignora, es decir, si está al corriente, es porque es cómplice activo o beneficiario directo–. Esto último lo digo yo, no El Espectador.

El juicio incoado contra los 22 directivos de periódicos nació con una sentencia intrínseca como es la prohibición de salida del país de los afectados por la decisión arbitraria y sin precedentes de la jueza que conoce del caso. Monstruosidades legales como esa solo se dan dentro de regímenes dictatoriales que patean la ley y los procedimientos legales. Pero no solo eso, ya hay cosa juzgada, sentencia firme, sin posibilidad de apelación, puesto que la más alta autoridad judicial se pronunció solidarizándose con el demandante. Desde el momento en que el TSJ se declaró solidario con el actor de la demanda quedó de hecho recusado. Se “autorrecusó”, pero además quedaron cerrados los caminos para cualquier instancia de alzada. 

Definitivamente, en Venezuela no hay Estado de Derecho y cada día se cometen nuevos desmanes contra la legalidad y la justicia. El venezolano está a la merced de la perversidad del régimen.

El venezolano siempre fue valiente, arrogante, altanero, que no se dejaba “pisar” por nadie y mucho menos aceptaba que algún extraño le diera órdenes o lo obligar a hacer algo contra su voluntad. Hay una historia, que no sé si es cierta, que cuenta que un capataz intentó obligar a un peón a cumplir una tarea con la cual no estaba de acuerdo y este, de un machetazo, le cercenó la cabeza al capataz. 

¿Qué se hizo ese venezolano? ¿Cómo se explica que una mafia corrupta le haya cercenado a la ciudadanía su libre albedrío, su soberbia y la haya transformado en un ejército de pusilánimes incapaces de rechazar las humillaciones que a diario le propinan? Colas ignominiosas para adquirir artículos de primera necesidad, trabas para incorporarse a esas colas de por sí humillantes, limitaciones para viajar al exterior, impedimentos degradantes para que los compatriotas en el exterior puedan adquirir la divisas necesarias para sobrevivir o para continuar sus estudios fuera del país, agresiones y violaciones constantes de los derechos esenciales del ser humano.

En condiciones normales la olla de presión dentro de la cual estamos encerrados ya debía haber reventado. En cambio, lo que se observa es más grave: un vergonzoso proceso de “acostumbramiento”, de tolerancia, de conformismo, de mansedumbre, ante las medidas cada vez más humillantes  contra la dignidad y los derechos y libertades fundamentales.

Lo he planteado antes y lo reitero, ha llegado el momento de activar en toda su dimensión la Carta Democrática Interamericana si es que se quiere evitar un desenlace trágico, de consecuencias impredecibles. Está en manos de los gobiernos “hermanos” del continente aprovechar la presencia de los cancilleres de la región en la próxima Asamblea General de la OEA para convocar una Reunión de Consulta y pedir la aplicación de la CDI al caso venezolano en el cual están presentes todos los extremos contemplados en ese instrumento concebido para ejercer la defensa de la institucionalidad democrática que en nuestro país ha sido profanada desde todos sus ángulos.