• Caracas (Venezuela)

Adolfo Taylhardat

Al instante

¡Desobediencia!

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Ha llegado el momento de la desobediencia. El pueblo, todos los venezolanos estamos hartos de tantos abusos de autoridad, de tantos atropellos a los derechos humanos, de tanta corrupción, del narcotráfico y la probable  vinculación de la familia de la cúpula del poder en actividades ilícitas de tráfico de drogas, según resulta de las recientes informaciones acerca del juicio a los “narco-sobrinos”. Hemos llegado al punto en que los esfuerzos para detener el desastre en que se encuentra el país deben escalar de nivel.

El artículo 350 de la Constitución nacional le otorga al pueblo, a todos los venezolanos, el derecho a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

En una sentencia de interpretación del artículo 350, dictada el 22 de enero de 2003, el Tribunal Supremo de Justicia estableció: “El derecho a la restauración democrática (defensa del régimen constitucional) contemplado en el artículo 333, es un mecanismo legítimo de desobediencia civil que comporta la resistencia a un régimen usurpador y no constitucional”

No cabe duda de que en el actual régimen se reúnen las condiciones enunciadas en esa sentencia. 1) es usurpador, ha invadido todos los ámbitos del Poder Nacional e impone su voluntad a los demás poderes públicos convirtiéndolos en simples instrumentos de sus designios y sus propósitos de permanencia indefinida en el gobierno. 2) Es no constitucional. Reiterada e impunemente ha contrariado y sigue contrariando los valores, principios fundamentales y las garantías democráticas consagrados en la Constitución y de manera constante incurre en abierta violación de los derechos humanos. Un régimen que ha sacrificado la libertad, la independencia y la soberanía del país sometiéndolo a un régimen de dependencia colonial no califica como constitucional.

Están presentes, por lo tanto, todas las circunstancias que de acuerdo con la sentencia del Tribunal de la Suprema Injusticia justifican el recurso al “mecanismo legítimo que comporta la resistencia” al espurio régimen del ilegítimo.

Ese es el sentido y propósito del Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución emitido por la Asamblea Nacional el pasado 13 de octubre.

En ese documento la Asamblea decide “desconocer, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen los principios y garantías democráticas y lesionen los derechos fundamentales”.

Además, decide emprender un proceso de organización de la sociedad venezolana para impulsar un “gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución. La democracia y el voto”.

El Acuerdo exhorta a la Fuerza Armada a exigirle al ilegítimo y al CNE que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y el respeto de la voluntad del electorado en el referendo revocatorio y las elecciones regionales.

También insta a la FAN a “coadyuvar en el establecimiento del estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos” Para ello, dice el Acuerdo, la FAN “deberá acompañar a los venezolanos en la exigencias tendientes a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del Poder Público a la Constitución, así como desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución”.

Estas dos disposiciones del Acuerdo tienen particular relevancia ante lo que pareciera ser una actitud de indiferencia de la FAN frente a los acontecimientos del país, como si lo que ocurre en Venezuela no les afectara. Sabemos que los integrantes de la FAN se cuidan mucho porque están permanente vigilados y temen ser objeto de medidas disciplinarias, que no excluyen su expulsión de la institución. Sabemos también que gran parte de la alta oficialidad está vendida al régimen a cambio de la permisividad de que gozan en el ámbito del narcotráfico y la corrupción. Pero el grueso de la institución armada, desde oficiales hasta soldados, soporta los mismos sufrimientos y privaciones que imponen a la sociedad civil los abusos y el mal manejo de la economía nacional.

Desobediencia e, incluso, resistencia no implican empleo de la violencia. Son recursos pacíficos que la carta magna pone en manos del pueblo. Llegado el momento de emprender el movimiento cívico para la defensa de la democracia, si hubiera violencia es porque sería inducida, provocada o practicada por el régimen a través de los grupos y “colectivos” que maneja. En esos casos la FAN tendrá que escoger a quién proteger.

Curiosamente, el trascendental Acuerdo de la AN no ha recibido la atención de los medios. ¿Censura – autocensura?  A este propósito resulta  oportuno reproducir aquí lo que ha escrito el distinguido analista político Antonio Sánchez García:

“El Acuerdo de la AN reviste tal significado y constituye un giro de tanta trascendencia para la historia del país que debiera haber copado todos los espacios de los medios nacionales aún capaces de una mínima y elemental objetividad, haber saturado los medios de la red, haber trascendido la fronteras y ser uno de los temas más abordados de columnistas y comentaristas internacionales”… “Estamos ante un documento de alta valoración histórica que establece una tajante línea divisoria política de la República: un antes y después del 13 de octubre de 2016”… Conocer y divulgar esta expresión  trascendental de voluntad soberana es un imperativo de todo el pueblo venezolano y en particular de nuestros profesionales de la comunicación”

Comparto plenamente todo lo que dice Antonio Sánchez en su excelente escrito titulado “Venezuela: Declaración de guerra de la Asamblea Nacional a la Dictadura”, 16 de octubre de 2016 (http://pararescatarelporvenir.com.ve/), el cual debe recibir el apoyo y el respaldo de todos los venezolanos porque ha llegado el momento de la desobediencia y la resistencia.