• Caracas (Venezuela)

Adolfo Taylhardat

Al instante

¡Basta de apatía, señores presidentes de América!

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La Carta Democrática Interamericana dice que los pueblos tienen derecho a la democracia y los gobiernos están obligados a protegerla. También expresa tajantemente que la separación e independencia de los poderes públicos es uno de los elementos esenciales de la democracia representativa. Adicionalmente, establece un mecanismo mediante el cual, cuando en un miembro del OEA “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, cualquier gobierno o el secretario general de la organización pueden solicitar que se convoque inmediatamente al Consejo Permanente para realizar “una apreciación colectiva de la situación” y adoptar las “decisiones que estime pertinentes”. También dispone que si la acción emprendida por el Consejo Permanente resulta  infructuosa o si la urgencia del caso lo requiere, el Consejo debe convocar de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que esta adopte las decisiones que estime apropiadas. Si la Asamblea comprueba que efectivamente se ha producido la ruptura del orden democrático, puede, con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros, suspender al Estado en cuestión de su derecho de participación en la OEA. “La suspensión entrará en vigor de inmediato”.

El Protocolo de Ushuaia, concluido por los Estados miembros de Mercosur, acogido también por los países asociados, es más directo y categórico en cuanto a las medidas que contempla para hacer que se restituya el orden democrático y constitucional cuando un gobierno lo ha roto o interrumpido. En caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático el Protocolo establece que  “los presidentes de las demás partes, o en su defecto sus ministros de Relaciones Exteriores” pueden imponer al gobierno infractor, entre otras, las siguientes sanciones: suspenderle el derecho de participar en los órganos del Mercosur; cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres; suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros; suspenderle del goce de los derechos y beneficios emergentes del Tratado de Asunción y sus protocolos, y de los acuerdos de integración celebrados entre las partes; promover la suspensión del país afectado en el ámbito de otras organizaciones regionales e internacionales; promover ante terceros países o grupos de países la suspensión del país afectado de los derechos y/o beneficios derivados de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte; respaldar los esfuerzos regionales e internacionales, en particular en el marco de las Naciones Unidas, encaminados a resolver y a encontrar una solución pacífica y democrática a la situación acaecida; adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales.

Hasta aquí todo luce bien, por lo menos en el papel. ¿Pero qué ocurre en la realidad? Hasta ahora los gobiernos de “los países hermanos” del continente han mantenido una actitud hipócrita y desleal. Ante los atropellos y abusos contra los derechos humanos y contra el Estado de Derecho, optaron por cerrar los ojos o colocarse unas gríngolas  para ignorar lo que viene sucediendo en Venezuela. Un intento de Colombia por lograr que el Consejo Permanente de la OEA convocara una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para considerar la grave situación planteada por la decisión del ilegítimo de cerrar la frontera común fue rechazado por un solo voto, con toda seguridad comprado u obtenido mediante extorsión  El régimen controlaba a la mayoría de los gobiernos a fuerza de petrodólares y torceduras de brazo.

Ahora la situación política venezolana ha llegado a tal punto de degradación que ningún gobierno de la región puede ser indiferente. Los últimos acontecimientos, la guerra que ha desatado el régimen contra la oposición desde el momento en que perdió el control de la Asamblea Nacional y particularmente la inexistente sentencia N° 9 del TSI (tribunal de la suprema injusticia, o tribunal súbdito del ilegítimo) son la evidencia más patente de que la democracia venezolana ha sido víctima de la más flagrante alteración del orden constitucional. El ilegítimo ha quedado expuesto no solo internamente, sino también ante todos los países de la comunidad internacional, ante todos los gobiernos del mundo, como un auténtico sátrapa, ambicioso de poder que por continuar disfrutando las mieles y los privilegios de una autoridad usurpada y conservada a fuerza de odio, amenazas y la connivencia con la corrupción y el narcotráfico, es capaz de cometer cualquier abuso o atropello.

El presidente Macri dio un paso adelante anunciando que solicitará la activación de la Carta Democrática y el Protocolo de Ushuaia, pero necesita que otros presidentes lo acompañen. La visita a Brasilia de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional que tuvo como resultado un acuerdo del Senado brasileño de apoyo a la activación de la CDI, la visita que esa misión efectúa en Santiago de Chile y que continuará su gira con una visita a Montevideo para gestionar el apoyo de los parlamentos de esos países a la activación de la CDI, la enérgica y contundente declaración de 27 ex presidentes y ex jefes de gobiernos de países latinoamericanos exigiendo la activación de la CDI, deberían servir de estímulo para que otros gobernantes se despojen de las gríngolas y se decidan a honrar los valores y los principios que están consagrados no solamente en los documentos constitutivos de la OEA y de Mercosur, sino también en sus propias constituciones nacionales. El Acuerdo de la Asamblea Nacional declarando que no se considera vinculada por la inexistente sentencia N° 9, su llamado a la OEA para que active la CDI y su anuncio de que llamará a la Unión Parlamentaria Internacional a solidarizarse con el Parlamento venezolano son también un pasos que los gobiernos de América no pueden ignorar en las actuales circunstancias que atraviesa Venezuela. La decisión del presidente Obama de prorrogar la vigencia de la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015 demuestra que es consciente de la gravedad de la situación económica, política, social y moral de nuestro país.

Lamentablemente, algunos países del Caribe siguen sujetos a la infamante tiranía del bozal de petrodólares. Pero aun así la relación de fuerzas en el Consejo Permanente de la OEA debe haber cambiado. Los presidentes y jefes de gobierno que han formulado declaraciones timoratas de apoyo a la democracia en Venezuela deberían pronunciarse abiertamente en favor de la activación de la CDI. Guyana asume próximamente la presidencia de Caricom y el tema de la reclamación del Esequibo puede influir en una votación en el Consejo Permanente de la OEA.

¡Señores presidentes de América, no sigan apadrinando un régimen corrupto, inepto y malvado! Venezuela agoniza por culpa de un gobernante inescrupuloso que se cree dueño y señor del país, somete al pueblo a pasar hambre, permite que los enfermos mueran por falta de medicamentos, que padezcan por falta de agua y de electricidad, que no vacila en violar la Constitución y destruir el Estado de Derecho y arrastra el país a la quiebra. Además de avasallar los poderes públicos ha convertido al Tribunal Supremo en un auténtico teatro de marionetas que maneja a su antojo y conveniencia para que revistan de falsa legalidad sus abusos y atropellos. ¡Señores presidentes, basta de apatía! ¡No permitan que Venezuela colapse! ¡Contribuyan a impedir, a tiempo, una tragedia humana que impactará a todo el continente y afectará inevitablemente a sus países!