• Caracas (Venezuela)

Adolfo P. Salgueiro

Al instante

Ud. tendrá más miedo de leer que yo de escuchar

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¿De qué otra cosa se puede escribir esta semana sino del fallo recaído en el expediente penal seguido contra Leopoldo  López y demás imputados por los eventos de febrero de 2014? Pues, eso es lo que haremos.

Cierto es que este articulista –igual que 99,9% de todos los venezolanos– no ha revisado el expediente en el que se supone se acumulan las pruebas –o la ausencia de ellas– que permitan ofrecer una opinión jurídicamente sustentada del caso. Quien esto escribe lo hace interpretando las percepciones que se han ido acumulando a lo largo de los muchos meses en que este juicio ha venido desarrollándose. Con base en ello creemos justificado criticar la sentencia y por lo mismo debemos tolerar que otros –igualmente desinformados del expediente– puedan creer o al menos proclamar que el fallo se ajusta a derecho. Lo que sí da asco es que un miembro del gabinete ejecutivo (la ministra Iris Varela) exprese públicamente que “López la sacó barata” cuando ella misma era a quien todos oímos pedir a grito pelado por los medios que se matara (literalmente) al entonces alcalde mayor Alfredo Peña con motivo de alguna falta de medicamentos o equipos en la Maternidad Concepción Palacios. ¿O no?

Muchos indicadores que son notorios en el devenir nacional de hoy permiten poner en duda el cumplimiento de postulados básicos de una justicia independiente de las presiones y dictados de los demás poderes del Estado. Es público y notorio que en esta materia mucho dista la práctica local de la independencia que caracteriza a la justicia inglesa, francesa o norteamericana (sí… la norteamericana). Ello se evidencia anotando las reiteradas menciones que desde las altas esferas oficiales se hacen calificando a Leopoldo López como “monstruo de Ramo Verde” al tiempo en que se exige a los jueces a través de los medios de comunicación social sentenciar en la forma que complazca a los que mandan.

Dentro de ese marco referencial de las percepciones se pregunta uno cómo habrá sido el irrespeto de los principios básicos del debido proceso cuando el jefe del Estado pronuncia al imputado como culpable antes de que lo haga la jueza, cuando el defensor del pueblo toma partido por el lado del poder, la fiscal general no respeta la presunción de inocencia, el presidente de la Asamblea Nacional utiliza los más soeces epítetos y el coro de aplaudidores grita que “así, así, es que se gobierna”.

Qué conclusión puede sacarse cuando casi todos los gobiernos del mundo –unos con mayor y otros con menor énfasis– expresan desaprobación y preocupación por el caso, excepción hecha del siniestro secretario general de Unasur (Samper) cuya visa norteamericana le fuera revocada por las serias sospechas de narcocomplacencia que rodearon su campana electoral de 1994 en Colombia que lo llevó al Palacio de Nariño comprometido con oscuros intereses. (Esa misma Unasur es la única invitada hasta ahora para acompañar el proceso electoral del 6-D). Según el discurso oficial pareciera que el mundo entero –incluyendo al papa Francisco y el nuevo secretario general de la OEA– fuera parte de una manía injerencista para caerle en cayapa al legado del Comandante  de tal suerte que la única labor de la señora Delcy Rodríguez se limite a desmentir “infundios”, para lo cual deja sin conducción una Cancillería que alguna vez fuera dirigida por Marcos Falcón Briceño, Arístides Calvani o Simón Alberto Consalvi. La escasamente graciosa canciller parece desconocer que los conceptos de soberanía, injerencia, derechos humanos, ambiente, etc., trascienden la camisa de fuerza de las fronteras nacionales. Qué dirían en Colombia a este respecto, cuando las autoridades venezolanas opinan y exigen que en Cúcuta debe reducirse el número de casas de cambio y/o que el ex “mejor amigo” debe adoptar tal o cual conducta para complacer a Caracas. De paso, don Santos, ya debió usted haber aprendido que el que duerme con niños ¡amanece orinado! Tarde piaste pajarito…

Qué impresión de seriedad puede sacarse de la política exterior venezolana cuando el jefe del Estado anuncia que ha convenido estrategias petroleras con Putin para estabilizar el mercado petrolero para ser inmediatamente desmentido por el Kremlin, o afirmar que se hizo lo propio con el emir de Qatar para que de seguidas el reino del golfo lo niegue y para que la Cancillería falsee los temas abordados en el llamado telefónico que hizo Kerry. ¿Ha de ser distinto en el Poder Judicial?

¿Será que en un marco de locuras generalizadas como las anotadas uno pueda sorprenderse de que la condena a Leopoldo fuera la que fue?

Este columnista no conoce ni de vista a la jueza Susana Barreiros, no está al tanto de su preparación en materia penal ni de sus condiciones personales ni morales,   pero sí se atreve a coincidir con Leopoldo cuando este –con inflexible verticalidad y coraje– advirtió a la juzgadora que más temor tendría ella en leer la sentencia condenatoria que él de escucharla. Al mismo tiempo solicitamos al Ejecutivo quiera aclarar a la opinión pública si es cierto –como corre el rumor– que la referida funcionaria judicial será destinada de inmediato a un cargo diplomático o consular en el exterior. Si en efecto fuera cierto parece sospechosamente coincidente, tanto más si tomamos en cuenta la sabia conseja que nos recuerda que “el que no la debe no la teme”.

Dejarse llevar por reacciones primitivas como la rabia, el deseo de venganza y otros sentimientos subalternos no es ni lo justo ni lo conveniente para razonar equilibradamente y actuar con frialdad, pero desde la vergüenza de nuestras propias pequeñeces y limitaciones hemos de reconocer que es difícil sustraerse al menos en la fase inicial. Dios quiera que la indignación no se apague pero que no se traduzca en violencia.