• Caracas (Venezuela)

Adolfo P. Salgueiro

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Adolfo P. Salgueiro

¿Hace falta una Asamblea Nacional?

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Desde esta columna se ha comentado insistentemente la lamentable constatación en el sentido de que algunas de las más importantes decisiones políticas y/o económicas no se convierten en tema de preocupación para el grueso de la población en la medida en que no afecten el precio de la harina de maíz precocida que es lo que en definitiva domina la preocupación diaria de las mayorías, especialmente en los regímenes populistas basados en el clientelismo que son los que se han puesto de moda en una parte de nuestro continente.

Lo anterior viene a cuenta justamente cuando en nuestro país se acaba de producir un golpe mortal contra la democracia, la Constitución, la seguridad jurídica y la economía que en un plazo mayor o menor –pero inevitable– repercutirá no solo en el precio de la harina precocida, sino también en muchas otras de las necesidades primarias de la población.

Nos referimos a la catarata de leyes –todas inconsultas– sacadas de la galera del “mago” Maduro dentro del marco de la Ley Habilitante justamente al filo del vencimiento del plazo de vigencia de la atribución conferida el año pasado por la Asamblea Nacional.

No se trata aquí de analizar ni evaluar las susodichas leyes, sino de protestar cívica pero decididamente por la manera antidemocrática, inconsulta y aparentemente contradictoria como este golpe constitucional se llevó a cabo.

Este columnista se pregunta para qué será que vale la pena tener una Asamblea Nacional con 165 diputados, más sus suplentes, si en un año no han sido capaces sino de sancionar 2 leyes, aprobar todos los créditos adicionales solicitados por el Ejecutivo, no han investigado ninguna de las denuncias recibidas, han negado todo debate de fondo y solo han concentrado su tiempo para la descalificación y el insulto personal, el allanamiento sumario de inmunidades, y la aprobación de multiplicidad de acuerdos apoyando o condenando cuestiones tan etéreas como el sexo de los ángeles, o eventos que ocurren en lejanas latitudes. ¿Para qué toda esa estructura si su razón de ser –legislar– se cede sin ataduras al Ejecutivo?

Supongamos por un momento que el entrabamiento parlamentario hubiese sido un escollo para gobernar (que no lo es porque el oficialismo tiene mayoría y la utiliza cual aplanadora). De ser ese el caso, el Ejecutivo, provisto de atribuciones legislativas por la Ley Habilitante, ha podido y debido someter con anticipación al conocimiento, consulta y debate nacional las iniciativas que pudiera tener en temas tan cruciales (aunque no del dominio popular) como la Ley de Bancos, la nueva arquitectura territorial, la Ley Antimonopolios, y las decenas más que sacó a relucir como “fait accompli” el último día sin que nadie supiera qué había entre manos, y muchos no lo sepamos aún por cuanto varias de las leyes no han sido todavía publicadas en Gaceta, peor aun cuando ello se hace en nombre de una democracia interpretada por un “cogollo” vaya a saber uno bajo qué originales parámetros. Lo mismo harán con la renovación del CNE y del Tribunal Supremo. Anótelo.

A lo anterior agréguese el muy sólido argumento aportado por la profesora María Amparo Grau en estas mismas páginas (26/11) en el que llega a la conclusión de que todo el arsenal de novedades legislativas sería nulo toda vez que la vigencia de la Ley Habilitante caducaba el 20 de noviembre, siendo que las leyes se convierten en tales y adquieren vigencia cuando son publicadas en Gaceta, lo cual no ocurrió para esa fecha y aún hoy para muchas de ellas.

En nuestro artículo del pasado sábado criticábamos la actitud de “nosotros hacemos lo que se nos da la gana” con que el actual equipo gobernante maneja el país. Por eso mismo creemos que ninguna de estas críticas ni los defectos jurídicos y políticos capitales con que este tema ha sido y continuará siendo manejado vayan a llevar a ninguna reconsideración ni debate ni intento de consenso. Así, pues, es posible que la harina de maíz precocida no aumente de precio mañana pero sí es seguro que el país como un todo (incluyendo los beneficiarios del clientelismo político) paguen el precio de estos errores aun sin darse cuenta de ello.

Nos dirán que es la guerra económica dirigida desde el “imperio” y seguro habrá muchos que, expuestos a un tsunami de propaganda, lo creerán. Lo cierto es que la conducción de la república es inexperta, inconsistente y –lo que es peor– vive dominada por unas gríngolas ideológicas que han probado una y mil veces su error.