• Caracas (Venezuela)

Adolfo P. Salgueiro

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Adolfo P. Salgueiro

¿Ciadi= malo / Unasur= bueno?

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Para la hora en que estas líneas sean publicadas es posible que ya se conozcan los resultados de algunos de los arbitrajes de los que es parte la república ante el Ciadi*.  El de Gold Reserves se anunció hace algunas semanas, aunque su texto completo no se ha dado a publicidad todavía. En el mismo se condena a la república a pagar a la empresa canadiense algo más de 700 millones de dólares por la expropiación de las minas auríferas Brisas y Choco 5 que están ubicadas en el estado Bolívar. Sigue la demanda de Conoco/Phillips sobre la cual ya el panel arbitral determinó que Venezuela había negociado de mala fe en oportunidad de obligar a las contratistas a migrar de régimen jurídico; entendemos que lo que se está discutiendo ahora es el monto de la indemnización, y en el de Exxon –próximo a salir– se comenta en los círculos especializados (de los que no formamos parte) que pronto se anunciará un laudo de muy alto costo para Venezuela.

Lo anterior es apenas una parte de las más de dos decenas de demandas contra nuestro país que cursan ante esa instancia arbitral de la que Venezuela optó por retirarse en el año 2012 con el argumento de que allí la mayoría de los casos terminaban a favor de las empresas y en contra de los Estados.

En las últimas semanas, dentro del marco de Unasur y con la influencia del caso que enfrenta a Argentina con los llamados “fondos buitres”, se ha venido madurando la idea de crear una instancia arbitral propia para la decisión de los casos de disputa entre inversionistas y Estados. La iniciativa, naturalmente, goza de buena prensa entre la clase política y entre todos aquellos que propugnan alternativas “políticamente correctas”. ¡Ratones cuidando el queso!

Hay una premisa que es tan real que no da lugar a mucho margen de discusión. Se trata del hecho cierto e incontrastable –aunque pueda no ser muy grato para algunos– de que para que haya desarrollo tiene que haber inversión de recursos financieros y tecnológicos. La segunda premisa –también evidente– es que los países en desarrollo no disponen de dichos recursos en cantidad suficiente como para encarar proyectos de envergadura y, por tanto, requieren del concurso de capital y “know-how” extranjero. La tercera premisa es que quienes estudian la posibilidad de invertir recursos a largo plazo tienen el derecho y el deber de asegurarse la debida protección jurídica. La cuarta premisa es que en algunos de los países en desarrollo –y ciertamente en Venezuela– ni la gente local confía en la imparcialidad y/o independencia de su justicia, por lo que luce difícil que los extranjeros sí la tengan.

Es por eso que surgió el Ciadi y que muchísimos países –incluido Venezuela, en 1993– adhirieron a él y/o lo consagraron como foro arbitral en el marco de tratados bilaterales de protección de inversiones. El Ciadi no es un “foro patronal” sino una instancia que promueve los arbitrajes en los que las partes escogen cada cual un árbitro y entre los dos escogidos designan un tercero, y es por eso que –al revés de lo que se afirma– muchas veces son los Estados los que prevalecen en el diferendo.

Como están las cosas, Venezuela ya ha sido condenada a pagar sumas importantes y se anticipa que será objeto de condenas mucho más sustanciales aún. La reacción del estamento político y de los protestadores irredentos es y será la condena al “saqueo” y al “abuso” de los pulpos del capitalismo salvaje etc. De allí seguirán negociaciones de mayor o menor pugnacidad, posibles embargos a bienes venezolanos en el exterior, marchas, protestas etc., pero lo que sí es seguro es que la inversión extranjera y la transferencia de tecnología se detendrán o bajarán a un mínimo de supervivencia. También es muy probable que cuando el chavismo/madurismo sea sustituido en el poder y sus sucesores quieran revertir el daño sea difícil que haya quien compre las nuevas promesas después de tantos cambios de rumbo.

Naturalmente este columnista entiende que ni un Estado ni un particular puede pagar con lo que no tiene, pero la realidad diaria enseña que conversando la gente se entiende y se llegan a acuerdos que, si bien no sean totalmente de “ganar-ganar”, al menos no sean de “perder-perder”.

Sea usted chavista, madurista, burgués, derechista o liberal hay una dinámica que no tiene discusión: a) no hay bienestar sin desarrollo, b) el desarrollo requiere inversión, c) la inversión requiere seguridad jurídica, d) la seguridad requiere de soluciones judiciales o arbitrales independientes. Si alguien tiene una fórmula mejor sería recomendable –y casi mandatorio– que la exponga, explique y promueva ante quienes tienen algo que decir al respecto.

 

*Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados. (Funciona dentro del marco del Banco Mundial).