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Otro paso para un juicio político contra Dilma Rousseff

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil | Foto: EFE

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil | Foto: EFE

El rechazo del balance de 2014 por parte del Tribunal de Cuentas (TCU) y su recomendación al Congreso para que tumbe las cuentas en el Legislativo ha provocado que por primera vez el impeachment sea algo real, aunque muy distante todavía, pues habrá de quemar varias etapas y muchos meses

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El gobierno de Dilma Rousseff intenta reaccionar como puede al mayor golpe a su gestión hasta la fecha. En medio de una galopante crisis económica y política, asediada por varios flancos, la presidenta recibió la noche del miércoles la peor noticia para su futuro, al abrirse la posibilidad de que se le inicie un juicio político para la impugnación de su mandato (impeachment).

El rechazo del balance de 2014 por parte del Tribunal de Cuentas (TCU) y su recomendación al Congreso para que tumbe las cuentas en el Legislativo ha provocado que por primera vez el impeachment sea algo real, aunque muy distante todavía, pues habrá de quemar varias etapas y muchos meses.

“La presidenta es una guerrera, que se mueve muy bien entre las dificultades. Evidentemente, queríamos que la decisión del TCU fuera en otro sentido. Ella entiende que es una página pasada y la batalla definitiva será en el Congreso”, afirmó ayer su jefe de Gabinete, Jaques Wagner.

El TCU concluyó, por unanimidad, que el gobierno cometió irregularidades graves, entre ellas las “pedaleadas fiscales”, argucias para maquillar los balances postergando transferencias en bancos públicos para destinar ese dinero a programas sociales.En otras palabras, llevar el dinero de una caja a otra, desequilibrando presupuestos y estructuras fiscales. Y por eso recomendó la reprobación de las cuentas presidenciales, lo que no sucedía desde 1937.

Más allá de lo simbólico y la imagen negativa que proyecta por ello la presidenta, la apertura del impeachment conlleva un largo y tortuoso camino.

Todo comienza en la Comisión de Presupuestos del Congreso, adonde es trasladado el parecer. Esta tiene 82 días para pronunciarse tras un análisis y pasar la pelota al plenario del Congreso Nacional, que aprobaría o reprobaría definitivamente las cuentas. Y después votaría para abrir o no un proceso de impeachment. Para ello, dos tercios de cada cámara tienen que votar a favor.

Y solo entonces podrá decirse que el mandato peligra, aunque para entonces el desgaste del gobierno se habrá multiplicado. “El hecho de que pase al Congreso solo va a conseguir agitar más los ánimos, lo que aumentará la inestabilidad. Parecía que se había calmado un poco con la reforma ministerial, pero la reforma se acabó el miércoles, y ahora el cuadro vuelve a ser explosivo”, asegura Paulo Baía, analista político y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Según Baía, la actuación del TCU “marca el camino por primera vez a la población y a la sociedad de que no se puede jugar con las leyes de responsabilidad fiscal y de presupuestos. Es un hecho nuevo dentro de la crisis, y eso solo hace que aumente la incertidumbre”.

Porque en realidad no es solo uno sino tres los frentes político-jurídicos abiertos para el gobierno de Rousseff. Uno, el combate denodado, y de momento infructuoso, para sacar adelante vetos presidenciales a varios proyectos, y eso a pesar de la reforma ministerial presentada hace una semana, que se suponía le ayudaría a contener la hostilidad en el Legislativo.

Dos, la investigación en curso por parte del Tribunal Superior Electoral de presuntos abusos de poder económico por parte del PT en la campaña de la reelección de Dilma, el año pasado. Y tres, y guinda del pastel, el parecer del Tribunal de Cuentas. Todos los elementos juntos y agitados dan como resultado un trago atravesado para el país:

“Eso provoca un efecto pésimo para el país, especialmente los inversores, que buscan estabilidad, y para la economía”, concreta Joao Feres Junior, profesor de Ciencia Política del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estadual de Río de Janeiro.

A juicio de Feres, sin embargo, el impeachment no es una solución a los problemas de Brasil: “Es un escenario difícil por incierto, porque debería ser comandado por Eduardo Cunha, que ha sido denunciado por el Procurador General de la República y existen pruebas de que tiene cuentas ocultas en Suiza. Y el proceso depende en gran medida de la actuación de un partido en mal momento, el PSDB, por lo que se tiene que apoyar en el PMDB. Es decir, es una oposición débil para un gobierno aún más débil, sin posibilidad de articulación política”, concluye.

En esa situación será difícil convivir mucho tiempo. Pero el propio Cunha, llave del proceso, avisó ayer de que el procceso “no será un embate rápido”, y que solo “la voluntad política” podrá acelerar la votación. A pesar de que el presidente del Senado, aliado a la presidenta, aseguró ayer que “todo juicio, incluido el político, se somete a reglas y plazos”, nadie duda ya de que será en 2016 cuando se dirima qué ocurrirá respecto a las cuentas y el futuro de la presidenta.

Rousseff convocó ayer su primer consejo de ministros tras la reforma y solicitó unidad a los representantes de la coalición, especialmente del PMDB, ante una situación de emergencia. El discurso oficial se centra en acentuar el tono propositivo del remodelado gobierno pese a las trabas que se ha encontrado en el Congreso, donde ni siquiera consiguió quorum esta semana para sacara adelante sus propuestas.

“A corto y medio plazo lo que nos queda es inestabilidad y aumento de la parálisis legislativa. Esa posición en el Congreso es la más peligrosa para Rousseff”, cree Baía. Lo evidente es que, sin poder en el Legislativo y bajo la sombra del juicio político, a la presidenta le esperan meses extremadamente difíciles para gobernar.