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La mitad de los funcionarios públicos despedidos en Argentina no cumplían ninguna función

La administracion de Kirchner mantenía unos 5.000 funcionarios sin cumplir alguna función clara | Foto: AP

La administracion de Kirchner mantenía unos 5.000 funcionarios sin cumplir alguna función clara | Foto: AP

Otros despidos fueron anulados por ser injustificados

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"Personas que cobraban un sueldo y no iban a trabajar", "militancia soportada por el Estado" y "duplicación de tareas". Ésos fueron las tres causales con las que el gobierno argentino justificó la desvinculación de 10.662 empleados públicos en 23 ministerios y dependencias estatales.

La etapa de rescisión de los contratos ya terminó en todos los organismos y ahora se pasará a un proceso de "jerarquización del empleo público", señalaron fuentes oficiales.

De una revisión preliminar del gobierno en las áreas de recursos humanos de las dependencias estales surgió que unas 5.300 personas, un 49,7% del total, no asistían a su lugar de trabajo o no cumplían su función.

Se estima que el ahorro en gasto público por las bajas ascenderá a unos $ 187 millones para fin de año.

El gobierno, no obstante tuvo que dar marcha atrás con algunos despidos. En principio, las desvinculaciones eran 10.921, pero el Ejecutivo reincorporó a 259 personas tras una revisión de sus casos.

Esos empleados lograron que se reconociera que habían sido apartados sin justificación y volvieron a sus puestos.

Dentro del grupo que según el gobierno percibían un sueldo y no se presentaban en su lugar de trabajo se pueden contabilizar, al menos, 2060 despidos. En este apartado fueron ubicados 50 trabajadores en la cartera de Justicia, donde se contabilizó que había  personas que vivían en otras provincias y nunca habían ingresado en el ministerio.

En la Secretaría de Comercio, en tanto, la gestión de Miguel Braun desvinculó a 130 personas que habían sido contratadas por Guillermo Moreno aunque "no desempeñaban tareas específicas".

El caso más elocuente fue el que se registró en el Senado. La nueva gestión contabilizó que 2.000 personas fueron pasadas a planta permanente en 2015 sin aparente justificación. "No existe espacio físico ni para 1000 personas en la Cámara alta", señaló el memo.