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Penas de reclusión especial para Farc irán de 5 a 8 años

El presidente Santos y, a la derecha, Timochenko, durante la presentación del acuerdo | foto: El Tiempo

El presidente Santos y, a la derecha, Timochenko, durante la presentación del acuerdo | foto: El Tiempo

Las FARC entregarán armas 60 días después de que se firme el acuerdo final

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so establece el acuerdo que anunció el Gobierno y las Farc en La Habana. Un punto clave es que a esta nueva justicia, similar a la que en su momento se creó con la Ley de Justicia y Paz, procesará no solo a las Farc sino a "todos los que de manera directa o indirecta" fueron responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Esto es, a civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Se crearán nuevos tribunales que estarán conformados en su mayoría por jueces colombianos, pero tendrán "participación minoritaria" de jueces extranjeros "de las más altas calidades".

Esa pena será solo para quienes confiesen sus crímenes y contribuyan a reparar efectivamente a las víctimas. Quienes lo hagan de manera tardía serán sometidos a penas de entre 5 y 8 años, pero en cárceles normales.

Quienes no confiesen y sean vencidos en juicio tendrán penas de prisión de hasta 20 años.

El garante de Cuba, Rodolfo Benítez, en la lectura del documento del acuerdo, relató que se acordó la creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición.

En el acuerdo se contempla la amnistía por delitos conexos a la política. Sin embargo, no serán objeto de amnistía las conductas que correspondan a delitos de lesa humanidad, genocidios, y graves crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y violencia. Estos serán investigados y juzgados por la jurisdicción especial. (Además: Esta es la base del acuerdo sobre justicia transicional y víctimas)

El acuerdo logrado en justicia transicional, el punto de la agenda más complejo de las negociaciones pues discutió la manera en la que los actores del conflicto responderán por los crímenes cometidos, consiste en crear una jurisdicción especial que constaría de un tribunal de dos salas, a las que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado.

Por un lado, estará la sala de sentencia, a la que llegarán los procesos cuyos victimarios acepten su responsabilidad. Por el otro, habrá una sala de juzgamiento, que recibirá casos en los que no se acepten los cargos y se haga necesaria una comprobación.

El acuerdo, además, contempla penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel, por lo que víctima y victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia. El desarrollo de obras es una de las alternativas. Sin embargo, la premisa es la reparación a las víctimas, pues de los contrario habrá pena efectiva de cárcel.

La mencionada restricción de la libertad tendrá que ser verificada y controlada, asunto que Uruguay, como país 'pro tempore' de la Unasur, y un delegado de la Secretaría General de Naciones Unidas, ayudan a acordar.

Otro de los puntos importantes dentro de este acuerdo son las garantías de no extradición bajo la premisa de que se debe garantizar la verdad para las víctimas de más de 50 años de confrontación armada.

Además, cabe la posibilidad de que se tramite una ley de indulto, amnistía y de delitos conexos para casos específicos, punto que aún está por acordarse.

Finalmente, el acuerdo tendrá que tener una instrumentalización que pasaría por el Congreso bajo los modelos expeditos que se crearían con la reforma constitucional que el Gobierno impulsa esta semana.